@abrilpenaabreu
La intención era buena. Dignificar el trabajo doméstico, reconocer derechos largamente negados, cerrar una deuda histórica con miles de mujeres que han servido en silencio y sin garantías. Pero como suele pasar en este país, nos lanzamos al agua sin saber nadar. Y ahora, con la reforma al Código de Trabajo, corremos el riesgo de ahogar al propio sector que se buscaba proteger.
Porque no, un hogar dominicano no es una empresa. No tributa, no tiene contabilidad formal, no deduce impuestos ni tiene un departamento de recursos humanos. Sin embargo, hoy se le exige que actúe como tal: contrato escrito, salario mínimo, cotización a la seguridad social, cálculo de cesantía, pago de preaviso, jornada laboral regulada, descanso semanal obligatorio, alimentación diaria, transporte y hasta artículos de higiene personal. Todo eso, para familias cuyo ingreso promedio no pasa de los RD$40,000 mensuales.
¿Quién puede con eso?
La reforma, aunque necesaria en términos de derechos laborales, olvidó por completo la realidad social dominicana: en nuestro país, el trabajo doméstico no es un lujo de élites como ocurre en Europa o EE. UU., sino una herramienta de supervivencia mutua. Muchas familias de clase media y media baja necesitan ayuda para cuidar a sus hijos, mantener sus casas funcionando, poder salir a trabajar. Y muchas mujeres encuentran en ese trabajo su único medio de sustento.
Con este nuevo marco, ese delicado equilibrio se rompe. Lo que antes era una contratación modesta, ahora se ha convertido en una carga económica insostenible. Ya lo estamos viendo: más empleadas están siendo despedidas o contratadas solo por días. Algunas ni siquiera están siendo formalizadas porque el costo es prohibitivo. Y lo peor: muchas familias están volviendo a hacerlo todo ellas mismas, aunque no puedan, aunque tengan que descuidar a los hijos o dejar de trabajar.
¿Ese era el objetivo?
El Estado ha fallado en crear una política pública equilibrada. No existen incentivos tributarios para quienes formalizan. No hay subsidios ni figuras intermedias. Tampoco una categoría flexible para quienes contratan de manera ocasional. Solo se impusieron reglas, sin herramientas, sin soporte, sin diálogo profundo.
El resultado es una paradoja cruel: en nombre de la dignidad, podríamos estar dejando sin empleo a miles de mujeres que viven del trabajo doméstico. Y en nombre de la formalización, podríamos empujar a las familias hacia la informalidad o el colapso.
La dignidad no puede construirse a costa del desempleo ni del empobrecimiento de los hogares.
Formalizar sí, pero sin perder de vista quiénes somos y cómo vivimos. Porque si seguimos copiando modelos europeos sin mirar al barrio, lo único que lograremos es que en República Dominicana, tener una trabajadora doméstica sea un lujo reservado para los ricos. Y eso, definitivamente, no es justicia social.
