Las recientes declaraciones de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, admitiendo que aún existen agentes que no se alinean con el proceso de reforma policial, confirman algo que muchos intuían: el desafío no es presupuestario, es estructural.
En los últimos años, el Estado dominicano ha realizado una inversión sin precedentes en la dignificación de la Policía Nacional. Mejores salarios, nuevas instalaciones, procesos de formación, cooperación internacional y modernización institucional. No ha habido, en términos económicos, un esfuerzo mayor que el actual para transformar el cuerpo del orden.
Si el problema fuera únicamente salarial, ya estaría resuelto.
Pero no lo está.
La resistencia interna a la reforma revela una realidad más profunda: la transformación cultural dentro de la institución sigue siendo el punto más frágil del proceso. Y ahí es donde se juega el éxito o el fracaso de cualquier reforma.
No basta con reclutar nuevos agentes formados bajo estándares más modernos si quienes mantienen prácticas antiguas permanecen dentro del sistema sin consecuencias claras. La reforma no puede convivir indefinidamente con núcleos que la sabotean desde dentro.
La cultura policial dominicana arrastra décadas de prácticas verticales, de uso excesivo de la fuerza, de desconfianza ciudadana y de una visión represiva del orden público. Cambiar eso no se logra únicamente con manuales ni con cursos de derechos humanos. Se logra con supervisión real, con depuración efectiva y con un mensaje inequívoco de que la tolerancia a las malas prácticas terminó.
Cuando la ciudadanía percibe que existen agentes que no respetan los estándares que el propio Estado está promoviendo, la confianza se erosiona. Y sin confianza pública, no hay reforma posible.
Este no es un debate contra la Policía. Es, precisamente, un debate para salvarla. Porque una institución fuerte no es la que protege a quienes incumplen, sino la que corrige, sanciona y eleva su propio estándar.
La reforma policial no puede ser un ejercicio cosmético. No puede quedarse en uniformes nuevos y mejores sueldos. Debe traducirse en una transformación ética interna.
Si la ministra reconoce que hay resistencia, entonces el siguiente paso no puede ser solo pedagógico; debe ser correctivo. La reforma exige decisión política sostenida y voluntad institucional para separar definitivamente a quienes no estén dispuestos a adaptarse a un modelo de seguridad democrática.
De lo contrario, estaremos invirtiendo recursos en un proceso que no logra tocar el corazón del problema.
Y el corazón del problema no es económico.
Es cultural.
