Por: José Francisco Peña Guaba
La pandemia de Covid 19 genera al menos tres efectos laborales primarios altamente negativos: el cierre de lugares de trabajo, la pérdida de horas de trabajo y un incremento del sesgo de género en el trabajo (con más mujeres trabajando).
De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la mayoría de los trabajadores del mundo residen, actualmente, en países en los que está vigente alguna forma de restricción del trabajo, y de esos trabajadores, la mayor cantidad de restricciones se producen en el continente americano. Además del cierre de empresas y unidades productivas, se pierden horas de trabajo por los cierres o disminuciones de horarios, en virtud de los cuales solamente durante el primer trimestre del año se perdió aproximadamente un 5,4 por ciento de las horas de trabajo en todo el mundo (equiparable a 155 millones de empleos a tiempo completo), con respecto al cuarto trimestre de 2019, de acuerdo a la OIT. Las perspectivas son de que en el segundo trimestre de 2020 se pierda en todo el mundo el 14,0 por ciento de las horas de trabajo (equiparable a 400 millones de empleos a tiempo completo), y que las mayores pérdidas se registren en América, a razón del 18,3 por ciento. En cuanto al desbalance de género en el campo laboral, la crisis afecta particularmente a las mujeres porque el empleo femenino es mayoritario en el sector de servicios, sanitario y de asistencia social.
Según el “Observatorio de la OIT sobre medidas de protección social frente a la COVID-19”, al 16 de junio había 200 países y territorios que habían anunciado 1 166 medidas de protección social en esferas políticas de índole diversa, incluidas medidas de protección sanitaria y de garantías en materia de ingresos, protección contra el desempleo y mantenimiento del empleo.
Medidas adoptadas: movilización de recursos para fomentar la economía y el empleo. En general las medidas utilizadas para aminorar los efectos de la crisis de la pandemia de Covid 19 sobre el trabajo se orientan a estimular la economía y el empleo y apoyar a las empresas, los empleos y los ingresos. Si bien las medidas son bastante variadas, “en general consisten en el aplazamiento o la exención del pago de impuestos o contribuciones a la seguridad social u otros pagosrelacionados, así como en la concesión de subvenciones, garantías de crédito y subsidios salariales a las empresas (incluidas las pequeñas y medianas empresas), en determinados casos condicionados al mantenimiento del empleo”, afirma la OIT.
No obstante, algunas medidas se aplican como estándar de lucha contra el Covid 19 en el área laboral, entre ellas la promoción del teletrabajo, como en Argentina, Chile, Colombia., Costa Rica y Ecuador, entre otros. En Brasil fue creada una plataforma digital de intermediación laboral y se obligó a todos los funcionarios públicos a trabajar de manera remota (vía Internet) siempre que se tratare de mujeres embarazadas o en período de lactancia, tuvieran más de 60 años, padecieran enfermedades de riesgo o fueren responsables de cuidar a otras personas enfermas de Covid 19.
En Chile se sometieron proyectos especiales de leyes para permitir pactos de reducción de la jornada entre empleadores y trabajadores, compensando la disminución de la remuneración con cargo a un Fondo de Cesantía Solidaria y activando el seguro de desempleo. Este seguro de desempleo, según sostuvimos al analizar las medidas económicas, es de uso frecuentísimo en todo el mundo y ha contribuido a disminuir la carga pública de ayuda a los trabajadores por cierre laboral. La estrategia chilena permite a las empresas que no reportaron utilidades y a las que entran en proceso de quiebra acceder al fondo de cesantía solidaria. En cuanto a la duración de la reducción de la jornada de trabajo se admite un máximo de 5 meses continuos para trabajadores con contratos indefinidos y 3 meses continuos de reducción para otras clases de trabajadores.
Las estrategias americanas, pues, se basan en la promoción del teletrabajo, el uso de los seguros de desempleo, la reducción de jornada, así como en el uso de permisos remunerados de trabajo, licencia paga por enfermedad y bonos de protección. En Costa Rica se le denomina “bono proteger” al subsidio temporal por desempleo.
En Italia el subsidio a los trabajadores se extiende a los trabajadores por cuenta propia. De manera que la inversión estatal en el campo laboral, en las economías avanzadas privilegia la ampliación de los planes de protección social de los trabajadores y de los hogares vulnerables, pero son medidas que suponen un costo extraordinario para economías menos avanzadas o en desarrollo. En este caso, las estrategias utilizadas por países de bajos ingresos, dado el estrecho margen fiscal y las reducciones derivadas de jornadas reducidas o cierre laboral dependen básicamente de los ingresos obtenidos a través de las exportaciones y el envío de remesas y la obtención de capitales frescos.
Las medidas de protección social implementadas por países en desarrollo pretenden, en general, fortalecer la resiliencia y adoptar enfoques innovadores para ejecutar políticas de apoyo a los trabajadores así como de adoptar enfoques innovadores, lo que ha permitido ejecutar con eficacia políticas de apoyo a los trabajadores, tanto en países desarrollados como en desarrollo. Se trata de la utilización de tecnología digital para la realización de servicios y tramitaciones y pagos de diferente tipo. Ghana y Nigeria son citados por la OIT como ejemplo de países que establecieron mecanismos para recabar ayudas especiales de donantes internacionales, redirigiéndolas a los grupos de población vulnerable.
Todas las estrategias implementadas se basan en los 4 pilares subsiguientemente descritos:
Pilar 1: estimular la economía y el empleo mediante política fiscal activa, política monetaria flexible, préstamos y ayuda financiera a sectores específicos, incluido el sector de la salud;
Pilar 2: apoyar a las empresas, los empleos y los ingresos, extendiendo la protección social a la mayor cantidad posible de sectores, particularmente vulnerables, aplicando medidas tendentes a mantener el empleo. Para ello, se ofrece a las empresas ayuda financiera y fiscal, entre otros mecanismos.
Pilar 3: proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo, reforzando las medidas de distanciamiento social, adaptación al teletrabajo, prevención de la discriminación y la exclusión y otorgar licencias remuneradas o vacaciones.
Pilar 4: promocionar el diálogo social, fortalecer la resiliencia de las organizaciones de empleadores y de trabajadores y la capacidad de los gobiernos, promoviendo la negociación colectiva y los acuerdos laborales para solventar deficiencias relativas a la duración de las jornadas de trabajo y de los sueldos y salarios.
Varias estrategias particulares de las ya reseñadas son utilizadas actualmente en la República Dominicana. De todas formas, los resultados serán logrados en razón de las medidas políticas que se formulen y apliquen en lo adelante, por lo que se desearía una política laboral basada en la facilitación de la recuperación a través de la creación de nuevos puestos de trabajo y la reactivación de los que se han perdido, de ser posible. Para ello se requerirá equilibrio político, intervenir oficialmente de manera calculada y limitada en el mercado de trabajo para el logro de objetivos específicos, apoyando los grupos vulnerables, fomentando el consenso y el diálogo social en materia laboral y apelando a la solidaridad internacional.
Las empresas, tanto en el sector privado como en el público, harían muy bien si establecen unidades de respuesta y continuidad de sus actividades, enfocándose en la continuidad de los planes a futuro. Deben confirmarse los roles críticos y los planes de contingencia atinentes a la falta de personal clave por área, de manera que son requeridos planes a corto y largo plazo de operación de actividades, con planeación de escenarios que privilegien la toma de decisiones oportunas.
Asimismo, las empresas deben recibir apoyo estatal para evaluar cómo podrían cambiar sus estrategias productivas para adecuarlas a la realidad imperante, incluyendo acciones conjuntas público-privadas para impulsar el teletrabajo, readecuar los protocolos de higiene o facilidades para dotar al personal de equipos de protección. De manera que también será necesario revalorizar la alianza público-privada en términos de revisión de política laboral, particularmente lo que se refiere a seguridad e higiene en el empleo, vacaciones y licencias remuneradas o establecer seguros de desempleo, entre otros elementos.