Por Bellelyn Castillo
El Pregonero, Santo Domingo. -El político y abogado Rafael Paz cuestionó la manera en que el Ministerio de Interior y Policía ha abordado el problema del ruido y el desorden en la República Dominicana.
En una reciente intervención, Paz calificó el debate generado en torno al tema como un «falso debate» y destacó que, aunque todos los ciudadanos responsables desean tranquilidad y orden, no se debe confundir la crítica a la gestión gubernamental con el apoyo al desorden.
“Nadie en su sano juicio apoyaría el güereré constante, que, aunque alegra a algunos, golpea a muchos”, expresó Paz, aludiendo al impacto negativo que el ruido excesivo tiene sobre sectores vulnerables como ancianos y recién nacidos.
Sin embargo, recordó que el pueblo dominicano es caribeño y alegre, y que su naturaleza cultural incluye un nivel de tolerancia hacia ciertas expresiones de convivencia que no deben ser ignoradas.
El exdirector ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad subrayó que el verdadero debate no es sobre si se está a favor o en contra del ruido, sino sobre el cumplimiento de la ley y el respeto de los derechos.
En este sentido, criticó la improvisación y falta de planificación por parte del Ministerio de Interior y Policía, afirmando que las autoridades tuvieron tiempo suficiente para elaborar un marco legal claro y efectivo para enfrentar esta problemática.
“Lo primero que debieron hacer fue presentar un proyecto de ley para abordar el problema del ruido y del desorden, o al menos enviar al presidente un decreto que estableciera responsabilidades claras entre las distintas autoridades involucradas”, explicó Paz.
Según él, estas medidas también debieron garantizar los derechos de los comerciantes, incluyendo dueños de discotecas y colmados, evitando las actuaciones arbitrarias que, según denuncias, se han registrado en las últimas semanas.
Paz concluyó enfatizando la importancia de actuar dentro del marco legal y con respeto hacia todos los actores involucrados.
Para él, el equilibrio entre el orden, la cultura y los derechos ciudadanos debe ser el eje central de cualquier política pública en este ámbito.
