Por Abril Peña
ElPregoneroRD-Santo Domingo, El diputado Rafael Castillo, representante de la circunscripción 2 de Santo Domingo Este por la Fuerza del Pueblo, denunció que múltiples casos de corrupción y delitos financieros vinculados al sistema dominicano de seguridad social han sido sometidos por la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos contra la Seguridad Social, sin que hasta la fecha la Procuraduría General de la República haya dado curso a ninguno de ellos.
“Hay aseguradoras y figuras del sector que han sido señaladas directamente por cometer fraudes o irregularidades graves. Esos expedientes existen, están documentados, y sin embargo duermen el sueño eterno en un escritorio de la Procuraduría General”, afirmó Castillo durante su participación en el programa Despertar Político, que se transmite por radio y televisión a nivel nacional.
El legislador, miembro activo de la Comisión Bicameral de Seguridad Social, advirtió que si no se modifica con urgencia la Ley 87-01, el país se encamina a un colapso social en materia de pensiones. Según explicó, a partir del año 2033 comenzarán a otorgarse las primeras jubilaciones bajo el modelo de capitalización individual y la tasa de reemplazo será desastrosa: “Un trabajador que haya ganado 100 mil pesos mensuales toda su vida apenas recibirá 23 mil como pensión. Eso es menos de una cuarta parte. Es un modelo insostenible, no solo aquí, también en países como Chile que ya están pagando las consecuencias”.
Cuestionamientos al acuerdo marítimo con Países Bajos
En otro orden, Castillo calificó como un “absurdo y atentado contra la soberanía nacional” el presunto acuerdo de delimitación marítima que involucra a República Dominicana y el Reino de los Países Bajos, y que actualmente espera ratificación en el Congreso Nacional.
“El pueblo dominicano ni siquiera ha sido informado con claridad. Se está cediendo un espacio marítimo mayor que el tamaño del territorio nacional. ¿Para extraer qué? ¿Con qué finalidad? ¿Qué gana el país? No hay transparencia, no hay estudios públicos, y el Congreso está siendo utilizado como una formalidad para legalizar lo que ya se pactó por debajo de la mesa”, denunció.
Castillo instó a sus colegas congresistas a no aprobar dicho tratado hasta que se informe con claridad a la población y se realice un debate nacional sobre los intereses geopolíticos, ecológicos y económicos en juego.
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