COLUMNA: MAXI FELIZ | La voz de la neurodiversidad
Nuestros maestros tienen vocación de sobra. Lo que necesitan es un sistema que los prepare y los acompañe, para que no tengan que enfrentar solos el reto de enseñar a cada estudiante.
¿Cuántos maestros dominicanos están preparados para enseñar a estudiantes con autismo, TDAH, trastornos del desarrollo del lenguaje o dificultades específicas del aprendizaje? ¿Cuántos reciben acompañamiento especializado? ¿Y quién responde cuando una escuela reconoce que no cuenta con los recursos para atender a un niño?
Estas preguntas no pueden quedarse sin respuestas.
El Ministerio de Educación informó en 2026 que 16,119 docentes habían sido capacitados en prácticas pedagógicas inclusivas, incluidos 1,340 participantes en diplomados especializados. También reportó 134 Aulas Específicas para la Inclusión Educativa y 19,536 estudiantes beneficiados con recursos educativos accesibles.
Capacitar es importante. Comprobar que esa formación se traduce en mejores oportunidades de aprendizaje es todavía más importante.
República Dominicana cuenta con 10,615 centros educativos, según cifras de abril de 2025, y más de 143,913 docentes en servicio al inicio del año escolar 2025-2026. Frente a esa magnitud, ¿qué proporción de nuestros maestros recibe formación especializada y cómo se distribuye entre escuelas públicas y privadas?
Esta no es una preocupación nueva.
Durante años hemos exigido al Estado dominicano estadísticas nacionales sobre las personas con condiciones del neurodesarrollo: cuántas son, dónde están y qué apoyos necesitan. La Oficina Nacional de Estadística reportó 478,300 personas de cinco años o más con discapacidad, un 4.8 % de esa población, según el Censo 2022, pero discapacidad y neurodivergencia no son conceptos equivalentes: esa cifra no nos dice cuántas personas presentan autismo, TDAH u otras condiciones del neurodesarrollo.
Sin información suficientemente precisa, difícilmente puede el Estado planificar la formación docente, distribuir especialistas y asignar presupuestos según las necesidades reales de la población.
En agosto de 2025, una madre de La Romana denunció públicamente que su hijo, quien presentaba TDAH, epilepsia y otra condición del neurodesarrollo, enfrentaba dificultades para continuar en su centro educativo.
El caso motivó la intervención de CONADIS, que informó que el niño continuaría recibiendo atención educativa. El caso deja una pregunta válida: ¿por qué una familia tiene que llegar a una denuncia pública para obtener una respuesta sobre la continuidad escolar de su hijo?
Como madre de un niño neurodivergente, sé que detrás de estas situaciones hay preocupación e incertidumbre. Y como abogada, entiendo que conseguir una matrícula no equivale a garantizar el derecho a aprender.
Tampoco podemos ignorar la realidad de los docentes: un maestro puede tener vocación y compromiso, pero necesitar formación práctica, recursos y orientación.
Preparar a un maestro no se limita a asistir a una capacitación puntual. Significa recibir formación práctica en autismo, TDAH, dificultades específicas del aprendizaje y comunicación aumentativa y alternativa, junto con herramientas concretas de ajuste pedagógico y estrategias de apoyo, acompañadas por especialistas que orienten su aplicación dentro del aula.
Un niño puede requerir apoyos para mantener la atención; otro, una intervención específica para la lectura; otro, estrategias distintas aun con el mismo diagnóstico.
La buena voluntad no sustituye la preparación. Y la preparación, sin recursos ni acompañamiento, tampoco es suficiente.
Esto no cuestiona la vocación de nuestros maestros, sino la falta de un sistema que la acompañe. Reconocemos su entrega y su disposición a ayudar; lo que proponemos es que a esa vocación de servicio se sume la capacitación necesaria para que puedan responder, con herramientas reales, a las necesidades de sus estudiantes.
Esta preparación no puede comenzar únicamente cuando un maestro recibe en su aula a un estudiante que necesita apoyos. Debe comenzar en las universidades y fortalecerse durante toda la carrera docente, mediante capacitación permanente y acompañamiento especializado.
Hago un llamado a nuestras universidades a incorporar, dentro de sus programas de formación docente y en maestrías y especialidades dirigidas a quienes ya ejercen, contenidos específicos sobre neurodiversidad y condiciones del neurodesarrollo, para que tanto los futuros maestros como quienes hoy están frente a un aula puedan especializarse y fortalecer su práctica.
Esta responsabilidad tiene fundamento jurídico. El artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad contempla la formación del personal educativo y los apoyos necesarios para garantizar el aprendizaje de los estudiantes con discapacidad.
En Colombia, el Decreto 1421 de 2017 contempla docentes de apoyo pedagógico y Planes Individuales de Ajustes Razonables (PIAR). Es un modelo que merece estudiarse, sin asumir que su aplicación está libre de dificultades.
En Europa, Italia ofrece otro ejemplo: desde la Ley 104 de 1992, cada aula con un estudiante con discapacidad cuenta con un docente de apoyo especializado, que debe completar una formación específica además de su titulación docente, y que trabaja junto al maestro de aula en beneficio de todo el grupo, no solo del estudiante que requiere el apoyo.
¿Y en República Dominicana?
La Ordenanza 05-2024 establece lineamientos para la educación inclusiva en centros públicos y privados. Nuestro país cuenta, además, con Centros de Atención a la Diversidad (CAD) y mecanismos de apoyo educativo.
El desafío no es solamente tener normas y servicios. Es garantizar que lleguen oportunamente a quienes los necesitan.
No podemos hablar de una educación que responda a las necesidades de todos nuestros estudiantes si no garantizamos que quienes tienen la responsabilidad de enseñarles reciban la formación, los recursos y el acompañamiento necesarios.
Por eso propongo que el MINERD, junto con las universidades e instituciones responsables de la formación docente, establezca metas públicas y verificables para fortalecer la aplicación de la Ordenanza 05-2024, incorporando preparación práctica sobre condiciones del neurodesarrollo, estrategias pedagógicas y acompañamiento especializado: saber cuántos maestros reciben formación especializada, en cuáles regionales y cuántas escuelas cuentan con acompañamiento técnico efectivo.
Propongo, además, que cada centro educativo disponga de una ruta clara para identificar necesidades de apoyo y evaluar resultados.
Y que el MINERD publique un informe anual con los avances, los recursos pendientes y los resultados educativos obtenidos mediante los apoyos implementados.
Propongo también que, en coordinación con la Oficina Nacional de Estadística, el Ministerio de Salud Pública y el CONADIS, se impulse un sistema de información actualizado y desagregado sobre condiciones del neurodesarrollo y necesidades de apoyo educativo, respetando siempre la confidencialidad de los datos personales.
No podemos seguir planificando servicios sin conocer a la población que los necesita.
No necesitamos únicamente contar cuántos maestros fueron capacitados. Necesitamos saber cuántos estudiantes están aprendiendo mejor gracias a esos apoyos.
Defender a nuestros hijos no significa señalar a los docentes. Significa exigir que el Estado y las instituciones educativas les proporcionen las herramientas necesarias para enseñar.
No podemos pedirles a nuestros hijos que superen barreras que el sistema educativo tiene la responsabilidad de eliminar. Tampoco podemos dejar solos a nuestros maestros frente a desafíos que requieren respuestas institucionales.
Porque cuando un maestro recibe las herramientas para enseñar, un niño recibe algo mucho más importante: la oportunidad de aprender.
Maxi Feliz. Abogada | Defensora de los derechos neurodivergentes | Autora de investigación jurídica sobre autismo en la República Dominicana



