@abrilpenaabreu
República Dominicana tiene una relación complicada con la minería, y es entendible que así sea. Las experiencias pasadas dejaron heridas que no han cerrado del todo, promesas que no se cumplieron, comunidades que asumieron los riesgos y no recibieron los beneficios, y un país que aprendió de la peor manera que las buenas intenciones declaradas en una rueda de prensa no son garantía de nada cuando la maquinaria ya está en marcha y el daño ya está hecho. Ese historial no puede ignorarse, y cualquier análisis serio del Proyecto Romero tiene que empezar reconociéndolo.
Dicho eso, tampoco puede ignorarse lo que está sobre la mesa.
GoldQuest Mining lleva 24 años operando en la provincia San Juan, y el Proyecto Romero que hoy genera debate presenta características que lo distinguen de las operaciones mineras que alimentaron el escepticismo de generaciones anteriores.
Es una operación 100% subterránea, sin minería a cielo abierto. No contempla el uso de cianuro ni mercurio, ni la construcción de presas de colas convencionales, que han sido históricamente el punto de mayor riesgo ambiental en proyectos de esta naturaleza. Tiene una vida útil estimada de ocho años, lo que permite una gestión más acotada y controlada de su impacto. Y se desarrolla bajo los Estándares de Desempeño de la International Finance Corporation y con el respaldo técnico de AECOM, firma de ingeniería presente en más de 150 países, con la Academia de Ciencias de la República Dominicana como instancia de observación del proceso.
Eso no significa que no haya razones para exigir garantías. Significa que las razones para el rechazo automático son más débiles que en otros casos, y que la conversación merece darse con la seriedad que el tema exige.
Porque los números que proyecta el Proyecto Romero no son menores. Tres mil quinientos millones de dólares en exportaciones, mil millones en aportes fiscales al Estado, una inversión inicial que supera los 400 millones, 6,000 empleos directos e indirectos, y 326 millones de dólares, equivalentes a más de 20,000 millones de pesos, destinados directamente a San Juan durante los ocho años de operación, administrados por un consejo de desarrollo integrado por los propios sectores de la comunidad. Para una provincia que históricamente ha sido de las más postergadas del país, esa cifra no es un dato de folleto corporativo, es una pregunta que merece responderse con honestidad: ¿qué le estamos ofreciendo a San Juan si no esto?
Pero precisamente porque los números son significativos, las garantías tienen que serlo también, y aquí es donde el país tiene una deuda pendiente consigo mismo que este proyecto puede ayudar a saldar o a profundizar, según cómo se maneje.
Las comunidades del Suroeste tienen derecho a algo más que promesas bien redactadas y cifras proyectadas en una presentación. Tienen derecho a un régimen de consecuencias real, expedito y vinculante, que establezca con claridad qué pasa si el agua se contamina, quién responde, en qué plazo y con qué mecanismo de reparación, porque la experiencia dominicana e internacional enseña que cuando los acuerdos de responsabilidad ambiental son vagos o dependen de la voluntad política del momento, las comunidades siempre pierden. Tienen derecho a que la Evaluación Ambiental Estratégica que la empresa dice apoyar no quede en declaración de buena voluntad sino que se ejecute con participación real de los sectores académicos, ambientales y sociales, antes de que las decisiones irreversibles estén tomadas. Y tienen derecho a que el 13% de los beneficios que se destina a la provincia, el 5% legal más el 8% voluntario, esté blindado jurídicamente desde el inicio y no dependa de la generosidad de turno.
La apertura que muestra GoldQuest a la Evaluación Ambiental Estratégica es un paso en la dirección correcta, y hay que reconocerlo como tal, pero una apertura declarada en una rueda de prensa necesita convertirse en un compromiso con nombre, fecha y consecuencias para ser creíble en un país donde la memoria colectiva sobre minería y promesas incumplidas es larga y dolorosa.
República Dominicana no puede darse el lujo de dar la espalda a sus riquezas en un mundo donde la demanda de oro, plata y cobre no va a disminuir y donde otros países están aprovechando exactamente lo que nosotros dejamos en el subsuelo por desconfianza, muchas veces justificada, pero no siempre suficientemente examinada.
Tampoco puede darse el lujo de repetir el error de aprobar proyectos con garantías débiles y dejar que sean las comunidades más vulnerables las que paguen el costo de una decisión que tomaron otros.
El balance que este proyecto necesita no es entre los que dicen sí sin condiciones y los que dicen no sin análisis. Es entre rentabilidad, explotación responsable y protección real del medioambiente y de la gente que vive en él, con mecanismos que funcionen cuando las cosas salgan mal y no solo cuando todo va bien.
Eso es lo que San Juan merece y eso es lo que el país tiene que exigir.
