Santo Domingo. La discusión del proyecto de ley que busca crear un nuevo marco regulatorio para los juegos de azar en República Dominicana ha abierto un fuerte enfrentamiento entre sectores de la industria, luego de que representantes de bancas deportivas advirtieran que algunas disposiciones podrían facilitar una expansión de los puntos de apuestas bajo la figura de agencias hípicas y alterar las reglas de competencia vigentes.
La controversia surge mientras el Senado ya aprobó en primera lectura la iniciativa, cuyo objetivo oficial es regular, autorizar, supervisar y fiscalizar todas las modalidades de juegos de azar, incluyendo las plataformas digitales, fortalecer los mecanismos contra el lavado de activos y establecer controles para impedir el acceso de menores de edad a las apuestas.
La Asociación Dominicana de Bancas Deportivas (ADOBAD) sostiene que el proyecto contiene disposiciones que podrían modificar de hecho el modelo actual de operación del sector.
Entre sus principales objeciones figuran:
La posibilidad de que se elimine la protección territorial existente entre bancas deportivas mediante nuevas modalidades de operación.
Que las agencias hípicas puedan ofrecer productos de apuestas que, según el sector, actualmente corresponden exclusivamente a las bancas deportivas.
La falta de reglas claras para las plataformas de apuestas en línea nacionales e internacionales.
Un posible impacto económico sobre miles de negocios establecidos y los empleos que generan.
La Ley 140-02, que modificó el régimen de las bancas deportivas, incorporó restricciones sobre la distancia mínima entre establecimientos con el propósito de evitar una proliferación descontrolada del negocio y proteger las inversiones existentes. La norma reconoce expresamente que ese requisito buscaba frenar el crecimiento indiscriminado de estos establecimientos.
Por otro lado, la Ley 29-06 regula principalmente el funcionamiento de las máquinas tragamonedas. Históricamente su aplicación ha estado vinculada a casinos y establecimientos autorizados, y ha sido objeto de distintos proyectos de modificación a lo largo de los años.
De acuerdo con los datos citados en el propio proyecto de ley, en República Dominicana existen más de 71,000 bancas de lotería y deportivas registradas, una cifra que refleja el crecimiento sostenido de la industria y que el Gobierno considera suficiente para justificar una legislación más moderna que abarque también las apuestas digitales.
Apuestas digitales, otro punto de conflicto
Uno de los temas que genera mayor consenso es la necesidad de establecer reglas para las plataformas de apuestas por internet.
Empresarios del sector tradicional sostienen que las plataformas digitales deben operar bajo las mismas condiciones tributarias y de supervisión que los negocios físicos, argumentando que una regulación desigual generaría competencia desleal y reduciría la recaudación del Estado.
El proyecto aún debe completar el proceso legislativo antes de convertirse en ley. Durante ese trámite podrían introducirse modificaciones a varios de sus artículos, especialmente aquellos relacionados con las modalidades de operación, la fiscalización de las apuestas en línea y el régimen de licencias.
Mientras tanto, el debate enfrenta dos visiones: quienes defienden una regulación integral adaptada al crecimiento de las apuestas digitales y quienes advierten que determinadas disposiciones podrían provocar una expansión aún mayor de los puntos de juego y alterar el equilibrio competitivo del mercado.
