Entre la diatriba política, el espectáculo carnavalesco de las redes y el ruido generado tras el cierre forzoso de una barbería en Santo Domingo, se nos escapa lo esencial: ¿quién protege a los pequeños negocios en República Dominicana?
El caso del barbero no es un hecho aislado ni solo un impasse entre autoridad y ciudadanía. Es el símbolo vivo de lo que enfrentan cada día miles de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en este país: incertidumbre, informalidad, impuestos desproporcionados, normativas confusas y operativos que a veces rayan en el abuso.
Y es alarmante porque este sector, aún en medio del caos, representa el 30% del PIB dominicano y más del 80% del empleo nacional, especialmente en los barrios. Sin embargo, más del 70% opera sin formalización, atrapado en una maraña burocrática que nunca fue diseñada para facilitar, sino para recaudar.
Según cifras del propio Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, más de 60,000 PYMES desaparecen cada año en el país. Se esfuman sin dejar rastro, ahogadas por la falta de crédito, la ausencia de asistencia técnica, el peso fiscal y, últimamente, por la represión mal comunicada de ciertas normativas.
Una de las pocas luces que traía la fallida reforma fiscal era precisamente la intención de diseñar un marco más justo para estas empresas. Porque aquí ocurre una gran paradoja: la clase media emprendedora, que sostiene la economía real, ni recibe las ayudas sociales de los más pobres, ni goza de las exenciones fiscales de los más ricos. Es una clase exprimida, invisibilizada, obligada a sobrevivir en un país que históricamente ha sido un caos “organizado”.
Y sí, es cierto que para hacer una tortilla hay que romper algunos huevos. Pero en un país sin cultura de orden ni pedagogía ciudadana, no se pueden imponer soluciones de choque sin antes construir legitimidad, educación cívica y protocolos claros. Pretender solucionar décadas de desorden en semanas, sin un plan estructurado de acompañamiento ni comunicación, es sembrar descontento y empujar al fracaso a quienes aún creen en el trabajo honesto como vía de ascenso.
La pregunta es simple: ¿queremos seguir siendo un país donde todo funciona “a lo dominicano”? ¿O vamos, de una vez por todas, a crear un Estado que, en vez de castigar al que trabaja, lo acompañe?
