En medio de las tensiones del sistema de salud dominicano, surge una propuesta que aparenta ser técnica, pero que es profundamente política: aplicar un cápita diferenciado por edad y sexo en el régimen contributivo. Lo que sobre el papel parece una fórmula de sostenibilidad, en la práctica podría convertirse en un instrumento para legalizar privilegios históricos y consolidar aún más el monopolio de las grandes Administradoras de Riesgos de Salud (ARS).
Las grandes ARS que hoy se quejan de cargar con carteras de usuarios envejecidas son las mismas que, durante más de dos décadas, se beneficiaron de asignaciones masivas desde instituciones públicas y privadas. sin criterios de equidad ni evaluación de riesgo. En ese mismo tiempo, las ARS pequeñas han tenido que construir sus afiliaciones de manera orgánica, una a una, apostando por eficiencia operativa y cercanía con el afiliado.
Ahora, con la excusa del perfil demográfico, se propone traspasar hasta RD$800 por afiliado de las ARS pequeñas a las grandes, con el argumento de que los jóvenes y hombres usan menos los servicios. Sin embargo, este argumento es frágil: los hombres jóvenes son líderes en accidentes de tránsito y siniestros de alto costo, que representan una carga real para el sistema. ¿Dónde queda entonces la supuesta “ventaja”?
Peor aún, la edad promedio del trabajador afiliado es de apenas 31 años, según la SISALRIL. No estamos frente a un sistema envejecido, sino frente a una mala distribución y gestión de riesgo, que algunas ARS grandes hoy pretenden que se les compense.
El cápita diferenciado puede ser un debate legítimo, pero su implementación, sin antes desconcentrar el mercado y garantizar reglas claras para todos los actores, sería profundizar la desigualdad en el sistema y castigar a quienes han hecho bien su trabajo. En vez de premiar la ineficiencia histórica, toca revisar el modelo completo, con equidad, transparencia y visión de largo plazo.
Porque la salud no debe ser un privilegio para unos pocos.
