El Pregonero, Santo Domingo – La Fundación Primero Justicia advirtió sobre “aprestos para instaurar un Estado policial” mediante la aprobación, sin el debido consenso, del nuevo Código Procesal Penal, el cual según afirmó no solo desacata numerosas sentencias del Tribunal Constitucional, sino que además constituye “un atentado directo” contra los derechos fundamentales consagrados en la Constitución dominicana.
La organización recordó que los artículos 40 (Derecho a la libertad y seguridad personal) y 69 (Tutela judicial efectiva, debido proceso y presunción de inocencia) establecen límites claros al poder punitivo del Estado, los cuales serían vulnerados con varios de los cambios que se pretenden introducir.
Entre los aspectos más preocupantes de la propuesta, Primero Justicia señaló:
• El aumento a 36 meses de la prisión preventiva.
• La extensión hasta 6 años de la duración del proceso penal, y que el tiempo pueda ser determinado por el juez en función de la “complejidad” del caso, lo cual –asegura– es inconstitucional.
• La creación de la figura de la “reiteración delictiva”, que permitiría imponer prisión preventiva automática cuando una persona tenga varias acusaciones del Ministerio Público, “violentando de forma flagrante el sagrado principio de presunción de inocencia”.
• La facultad del juez de imponer medidas de coerción al margen de la solicitud de las partes, lo que, a juicio de la Fundación, viola la separación de funciones entre el órgano jurisdiccional, el Ministerio Público y el querellante.
• La disposición de que la sola interposición de una revisión de la medida de coerción o un recurso de apelación tenga como efecto la interrupción del plazo máximo de la prisión preventiva, lo que castiga al imputado por ejercer sus derechos y vulnera el principio de favorabilidad.
• La posibilidad de imponer medidas de coerción sin celebración de audiencia previa ni citación al imputado, lo que califica como una grave lesión al debido proceso.
“Una reforma al Código Procesal Penal no puede ser el producto de una actuación de emergencia por la expiración del plazo establecido en la Sentencia TC/0765/2024 del Tribunal Constitucional, sino de un análisis profundo de las consecuencias que pueda tener sobre los derechos fundamentales y, sobre todo, sobre el debido proceso”, advirtió el presidente de Primero Justicia, Surún Hernández.
La Fundación entiende que, ante el inminente vencimiento del plazo fijado por el Tribunal Constitucional, “lo saludable” sería aprobar una legislación puente, idéntica a la Ley 10-15 pero excluyendo los aspectos ya censurados por distintas sentencias del órgano constitucional, hasta que se construyan los consensos necesarios para una reforma integral.
“Ese camino evitaría estragos y errores que luego podrían salir muy caros a la institucionalidad democrática en la República Dominicana”, concluyó Primero Justicia.
