Por Janser Martínez
La ex vicepresidenta de la República, hoy Directora General de Ética e Integridad Gubernamental, la señora, Milagros Ortiz Bosch, para fiel cumplimiento de su cargo y tras el fomento de prácticas éticas y transparentes, en entrevista con el periodista Huchi Lora, estableció que buscaría la inhabilitación de hasta por cinco años a aquellos funcionarios públicos salientes que nunca entregaron, o que no entreguen, en el plazo de Ley, las obligadas Declaraciones Juradas de Bienes.
La asesora del Poder Ejecutivo en materia de Ética y Transparencia, teniendo en cuenta que la mayor exigencia que, en lo inmediato, pudiera hacer la sociedad al gobierno actual, es que se maneje con transparencia y bajo el estandarte de lo que ha sido su conducta pública, y haciendo misa de su apellido, pudiera sentar las bases, más allá de un discurso, de lo que debe ser el comportamiento de los funcionarios públicos designados.
Si bien estamos acostumbrados a dar, tal cual fuese una norma absoluta, los primeros cien días a los gobernantes y funcionarios públicos para medir y exigir el cumplimiento de determinadas promesas de campaña, o la satisfacción de determinados servicios públicos, en materia de transparencia, el plazo está determinado por Ley, y es de 30 días.
Conforme al artículo 5 de la Ley 341-14, los funcionarios públicos obligados, dentro de los 30 días siguientes a su designación, deben entregar a la institución correspondiente, una Declaración Jurada de Bienes, donde se haga constar el patrimonio del incumbente, y aquellos bienes que forman parte de la comunidad conyugal.
En términos claros, la Declaración Jurada de Bienes, tanto inicial como final, es un inventario que hace el funcionario público ante notario público, en donde establece, cuáles y cuántos bienes tiene al entrar a desempeñar el puesto, para medir al final, con cuáles y cuántos salió al concluirlo.
Con lo anterior y dado a la mala costumbre arraigada en algunos funcionarios públicos, del no cumplimiento de la Ley citada, lograr la entrega de las Declaraciones Juradas de Bienes de los funcionarios entrantes o la aplicación de las consecuencias, constituye el primer gran reto de Transparencia del nuevo Gobierno. Pero pese a constituir un reto importante, aunque fácil, el cumplimiento de la Ley de Declaraciones Juradas de Patrimonio, sería de gran satisfacción para la colectividad, que este no sea un tema de críticas a las nuevas autoridades por su irrespeto.
De la misma manera, se debe precisar que el incumplimiento de la entrega de la Declaración Jurada de Bienes en el plazo anunciado, o la omisión de inventariar algún bien, en el mejor de los casos, pudiera tener como resultado la destitución del cargo.
De la misma forma, el funcionario obligado que falseé los datos en la Declaración, podría ser perseguido por el delito de falseamiento de datos, y de ser culpable recibir una sanción de uno a dos años de prisión. También, aquellos funcionarios que al momento de cesar en el cargo no puedan justificar los bienes que hasta ese momento poseen, pueden ser sometidos por el tipo penal de enriquecimiento ilícito, y tal cual dijo Milagros Ortiz Bosch, ser condenados a una pena de hasta 10 años cárcel, y como pena complementaria, la inhabilitación de hasta 10 años sin poder ejercer cargos públicos.
Sin embargo, con deseos de los mejores oficios, esperamos que las aguas no lleguen al río y que todos los funcionarios obligados para su honra, la de su familia, su juramento y compromiso para con quien lo designó y el país, cumplan con lo debido y hagan misa del Deber Ser.