@abrilpenaabreu
Las protestas en varios países europeos constituyen una advertencia que República Dominicana debe observar. El costo de la vida, las dificultades para acceder a vivienda y las deficiencias de los servicios públicos alimentan un malestar que exige respuestas.
Los saqueos y las agresiones son inaceptables. Sin embargo, preservar el orden también requiere atender las preocupaciones de quienes se manifiestan pacíficamente. La frustración acumulada merece atención antes de convertirse en una crisis.
En nuestro país, la encuesta de ACD Media de octubre identifica preocupaciones similares, con el ingrediente adicional de la seguridad: el 21.6 % señala la delincuencia y la inseguridad como principal problema nacional, seguido por la crisis económica, con 19.3 %.
Además, el 75.5 % considera que la situación de los precios de la canasta familiar ha empeorado respecto de cinco años atrás, mientras el 62.4 % opina lo mismo sobre la seguridad ciudadana. Son percepciones que las autoridades deben escuchar y atender.
La presión de un presupuesto insuficiente, sumada al temor de perder lo conseguido trabajando, erosiona la tranquilidad de los hogares y puede debilitar la confianza institucional.
Estos resultados no anuncian un estallido social. Sí reclaman prioridades claras, medidas concretas y resultados verificables.
Pongamos nuestras barbas en remojo. La estabilidad se fortalece cuando las instituciones responden a tiempo y la población encuentra razones para confiar en el futuro.
