Junior Moisés Reyes Read
Para algunos pocos entendidos en los temas de gestión de residuos, la propuesta de construir una planta incineradora de residuos que producirá energía eléctrica en la provincia de San Pedro Macorís, ha sido una de las mejores noticias que han podido escuchar en medio de la terrible situación que estamos viviendo como sociedad debido al paso incesante del COVID-19.
Este tipo de tecnología aprovecha el poder calorífico de los diferentes tipos de residuos urbanos que se generan en la ciudad para, por medio de un proceso de combustión, producir calor con el objeto de generar energía eléctrica e introducirla a la red de distribución eléctrica nacional. Lo que ignora la sociedad es el grave peligro que corremos al impulsar un método de valorización de residuos que resulta nocivo para el nuevo clima de empresas recicladoras que se han instalado en el país.
Los recicladores de plásticos, papeles y cartones son los verdaderos héroes de la batalla que se libra en contra de los residuos en el país. Estos son los únicos que se dedican a participar del modelo de economía circular que debería primar en la República Dominicana. La jerarquización en la gestión de los residuos plantea que lo primero que se debe aplicar es la disminución del consumo, después se debería intentar reciclar, en su defecto reutilizar, de lo contrario valorizar el residuo o en última instancia enviarlo a vertedero.
Con la construcción de una planta incineradora estamos violando flagrantemente los principios que rigen la sostenibilidad, debido a que la incineración de residuos urbanos crea una demanda que evita reciclar los materiales que generan mayor poder calorífico; papel cartón y plásticos, materiales totalmente reciclables. En algunos países que han apostado por la incineración de residuos se ha estancado la tendencia al reciclaje, como es el caso de Suecia y Reino Unido, según un estudio de Eurostat publicado en Euroastiv en el año 2017.
Las tecnologías de incineración generan cenizas, escorias y gases con altos contenidos de toxicidad que requieren un tratamiento especial, bajo ciertos protocolos de seguridad que eviten que los contaminantes afecten los suelos o el aire. Según Greenpeace, el 22.5% del peso de la basura incinerada se convierte en residuos; por lo tanto, esta tecnología no elimina los vertederos completamente, como se suele mercadear en algunos casos. La producción de dioxinas y furanos clasificados como contaminantes ambientales persistentes (COP), que se forman por la combustión incompleta de la lignina presente en los derivados de madera (cartón, papel, etc.), son uno de los principales riesgos para la salud que enfrentan los pobladores cercanos a este tipo de instalaciones.
Cada vez que se escucha sobre incineración de residuos como método de valorización, suele citarse el caso de los países europeos, aunque actualmente las normas han cambiado, notándose en la disminución de los subsidios a este tipo de tecnología, como se puede verificar en la Directiva 2018/852 del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo del 30 de mayo de 2018, donde sugiere a los países disminuir el porcentaje de residuos incinerados, por considerarse una actividad que va en contra de la económica circular y evita en todos los casos que se reciclen materiales con alto valor reciclable. Una cuestión importante que considerar es el reducido número de empleos que produce una planta incineradora de residuos en comparación con los modelos basados en recuperación de materiales y reciclaje que produce entre 7 y 39 veces más de empleos que las incineradoras, según un estudio de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA). Dentro del análisis de este tipo de tecnologías no podemos omitir la cuestión de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que se producen al momento de incinerar los residuos. Partiendo de que en el país no existe un marco regulatorio que garantice una operación con bajas emisiones, no se puede apostar a que se respetarán las normas internacionales que exigen los países que utilizan esta tecnología. La Agencia de Cooperación Técnica Alemana (GIZ) no recomienda el uso de tecnologías de incineración de residuos en países en vías de desarrollo, precisamente por el débil marco regulatorio que comúnmente impera en estos países.
Una tecnología costosa.
Según datos del Banco Mundial sobre el costo estimado de los métodos para gestionar los residuos a través de la incineración de residuos en los países de ingresos medios bajos se necesitan de 60-100 US$/tn, a diferencia de las metodologías de disposición y rellenos sanitarios de países con ingresos medios bajos que sitúan los precios entre 25-65 US$7tn.
Nuestro país, en vez de apostar por desarrollar políticas que incentiven a la disminución del consumo y al reciclaje en el origen, está apostando a la peor y más costosas de las tecnologías disponibles. Los países que cuentan con este tipo de tecnología son aquellos en los que existe un alto subsidio estatal, debido a que el negocio no genera beneficios para el sector privado, por lo tanto, en vez de impulsar el reciclaje, se estaría promoviendo una industria que parte de un concepto de economía lineal, donde se paga por retirar los residuos, en vez de obtener algún provecho.
¿Es energía renovable?
La materia prima que se utiliza para generar energía eléctrica en las plantas de incineración no es de origen renovable, y es una discusión que a nivel mundial ha estado vigente. Algunos países, como es el caso de República Dominicana, basan su aprobación de este tipo de proyectos, fundamentados legal y erróneamente en que están promoviendo prácticas de sostenibilidad, cuando realmente este tipo de tecnología para poder optimizar sus calderas, prioriza materiales de origen no renovables, como son los plásticos, que por su poder calorífico son ideales para mantener el correcto funcionamiento de las plantas. Los residuos que son de origen orgánico, debido a su bajo poder calorífico, no son de interés al momento de aplicar este tipo de tecnología, con la única excepción de la madera que, aunque totalmente renovable, también es reciclable y se le pudiera aprovechar con métodos que generen menores impactos al medio.
Conclusión
El objetivo de este artículo es alertar sobre los impactos ambientales, económicos y sociales que generaría la construcción de una planta de incineración de residuos en San Pedro de Macorís, cuando en el país existe la intención de invertir en negocios de reciclaje, que representan mayores beneficios para el medio ambiente, la sociedad y la economía. Además, el reciclaje produce más empleos, crea más consciencia social, reduce el consumo de recursos naturales y es totalmente sostenible. Con esto, no quiero decir que la incineración nunca deba utilizarse en el país, lo que sugiero es que por el momento es peligroso e inoportuno promover este tipo de tecnologías cuando el país no ha promovido una política que le introduzca en un modelo de economía circular. La forma correcta sería plantearse una tasa de reciclaje a nivel nacional y luego, incluir algunas tecnologías de valorización de residuos, como están haciendo en algunos países desarrollados.
