Por Ramón Cruz Benzán
El Pregonero, Santo Domingo. El presidente del Consejo del Poder Judicial, Luis Henry Molina, fue apoderado de un expediente en contra del juez Juan Francisco Consoró, del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, por presuntamente cometer faltas graves en el ejercicio de sus funciones.
El expediente fue remitido por la Inspectoría General, quien solicitó al referido Consejo del Poder Judicial, la suspensión provisional con disfrute de sueldo del magistrado Rodríguez Consoró.
En contra del juez, quien emitió un auto de no ha lugar en favor de todos los acusados de la venta del barrio Los Tres Brazos,fue abierta una investigación disciplinaria por el inspector general Jacinto Castillo Moronta, para lo cual fue designado un consejero del referido Consejo.
“En cuanto al fondo, disponer la suspensión, con disfrute de salario, del magistrado Juan Francisco Rodríguez Consoró, por un período de cuatro meses, por las razones precedentemente señaladas”, dice el expediente enviado al magistrado Luis Henry Molina, presidente del Consejo del Poder Judicial.
Se había inhibido en dos procesos
Rodríguez Consoró, decidió inhibirse en el conocimiento de medida de coerción en contra de una ciudadana ucraniana, acusada de cometer actos de tortura y barbarie en perjuicio de su expareja de nacionalidad dominicana.
El magistrado tomó como fundamento para no conocer la medida de coerción el hecho de que los abogados de las partes «leyeron» documentos que estaban permitidos en la audiencia, y por consiguiente él estaba contaminado para continuar con el proceso. Posteriormente la inhibición fue rechazada y envió a la imputada a prisión.
El juez Juan Francisco Consoró, también se inhibió del conocimiento de la solicitud de medida de coerción en contra del vicealmirante retirado Félix Alburquerque Comprés, acusado de matar al comunicador Manuel Taveras Duncan.
El magistrado basó su argumento de abstenerse en el conocimiento de la solicitud de prisión preventiva en contra del expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), por el hecho de haber hecho un comentario sobre el caso. Posteriormente, la inhibición fue rechazada y enviado al imputado a prisión.