Por Abril Peña
La reciente alocución presidencial incluyó un paquete de medidas legales para frenar la migración irregular, que abarcan desde la modificación del Código de Trabajo hasta penas más severas contra la trata de personas y sanciones para quienes alquilen viviendas a personas indocumentadas. Un discurso contundente, con tono de urgencia, pero que deja preguntas abiertas sobre su aplicabilidad real y sus vacíos históricos.
¿Qué se anunció?
Modificación al Código Laboral para dificultar la contratación informal de extranjeros.
Penas más fuertes contra la trata y el tráfico de personas.
Sanciones para propietarios que alquilen a inmigrantes sin documentos.
Compromiso de fortalecer la seguridad fronteriza.
Sobre el papel, parecen medidas firmes. En la práctica, el problema no es tanto lo que falta legislar, sino lo que no se cumple.
La ley ya existe… y no se aplica
Desde hace años, el marco legal dominicano prohíbe la contratación de trabajadores extranjeros sin regularización migratoria. El Código de Trabajo (Ley 16-92) establece que el 80% de los empleados de una empresa deben ser dominicanos. Sin embargo, sectores como la construcción y la agricultura violan esta norma de manera sistemática, sin consecuencia alguna.
¿Por qué no se ha aplicado?
Porque no existen suficientes inspectores. Porque las sanciones son casi simbólicas. Porque hay una tolerancia estructural desde el Estado. Y porque la economía se ha acomodado a esa ilegalidad.
El elefante en la sala: no se penaliza al empleador
Uno de los grandes vacíos del nuevo paquete legal es que, aunque se habla de regular la contratación, no se establece claramente si se penalizará penal o económicamente a los empleadores que contraten a indocumentados.
En la práctica, esto perpetúa un ciclo perverso:
Empresas grandes y pequeñas prefieren contratar indocumentados por flexibilidad, bajos costos y evasión de responsabilidades laborales. Esa demanda laboral alimenta la migración irregular, que encuentra en República Dominicana una oportunidad de empleo, no castigo. La omisión de penalizar al contratante debilita cualquier intento real de control migratorio.
Vivienda, alquiler y “efecto llamada”
El problema aquí es que hay dominicanos que por ganancia personal arriendan o venden casas, habitaciones y locales a personas en condición irregular, sin ningún control ni consecuencia.
Esa red de facilidades —que incluye empleadores, caseros, intermediarios y hasta prestadores de servicios públicos— genera un efecto llamada: es decir, incentiva la llegada de más migrantes porque el entorno facilita la permanencia sin papeles. Lo preocupante es que esta red informal, sostenida por ciudadanos dominicanos, opera con total impunidad.
¿Es viable aplicar estas medidas?
Aquí entra el gran dilema estructural: el Estado dominicano no tiene control del territorio a esos niveles. No existe —como sí ocurre en muchos países— un sistema que obligue a notificar a las alcaldías o juntas de vecinos sobre quién se muda a una demarcación, cuántas personas viven en una casa, o en qué condiciones. No hay censo actualizado, ni base de datos interconectada, ni monitoreo barrial.
Por tanto, sancionar a quienes alquilan a indocumentados, sin primero establecer mecanismos de control de ocupación territorial, suena bien… pero puede quedarse en letra muerta.
El otro gran reto: la economía informal
Casi el 56% de la economía dominicana es informal. Construcción, agricultura, limpieza, ventas ambulantes… son sectores que funcionan fuera del radar del Estado.
¿Cómo fiscalizar una finca en Dajabón que opera sin registro mercantil? ¿Cómo controlar una obra en un solar sin permisos de uso de suelo? ¿Cómo hacer cumplir leyes que no se fiscalizan?
El problema no es solo migratorio, es estructural.
¿Qué se necesitaría para que funcione?
Inspección laboral real, con presupuesto y personal suficiente para verificar cumplimiento.
Control territorial básico, con registro municipal de ocupación residencial y comercial.
Reforma tributaria progresiva que incentive la formalización de mipymes.
Automatización y tecnificación en sectores de alta demanda de fuerza bruta.
Voluntad política para sancionar a los grandes actores que se benefician del sistema actual.
Sí, es positivo que se endurezcan penas contra la trata. Sí, es necesario cerrar espacios a la ilegalidad. Pero si no se toca el corazón del problema—la demanda constante de mano de obra indocumentada por parte de sectores productivos—, todo lo demás será maquillaje legislativo.
No se puede legislar sobre una casa sin cimientos. Y en República Dominicana, ni siquiera sabemos cuántos pisos hay ni quién vive en cada uno.
