El Pregonero, Santo Domingo.– El coordinador de Participación Ciudadana, Francisco “Pancho” Álvarez, rechazó que en la República Dominicana se esté aplicando el denominado lawfare o persecución judicial con fines políticos, y sostuvo que los principales imputados del caso Calamar, entre ellos el exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, y el excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, deben enfrentar un juicio de fondo.
Durante una entrevista en el programa D’AGENDA, Álvarez afirmó que en el país no se han utilizado mecanismos judiciales para inhabilitar adversarios políticos, por lo que consideró incorrecto calificar los procesos de corrupción administrativa como casos de lawfare.
“No, yo creo que no. Mi opinión es que aquí no se han utilizado mecanismos que traten de inhabilitar a líderes políticos. Si tú estuviste en un cargo público, administraste mal el dinero y distrajiste fondos, ahí no se puede hablar de lawfare”, expresó.
El activista social se refirió además a las recientes declaraciones de la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Campos, quien manifestó su rechazo a cualquier intento de manipular procesos judiciales con fines políticos y advirtió que tales prácticas debilitan las instituciones democráticas.
Álvarez defendió el derecho de la diplomática a emitir opiniones sobre estos temas, al considerar que forman parte del debate democrático internacional.
“Ella tiene derecho a opinar. No hay atentado a la soberanía nacional. Para mí eso es parte de la democracia, porque la democracia ya no solo se circunscribe a la República Dominicana, sino que es un valor universal”, señaló.
Asimismo, recordó el papel desempeñado por organismos internacionales y programas de cooperación impulsados por Estados Unidos en el fortalecimiento de la democracia en América Latina, destacando iniciativas como la Alianza para el Progreso, el Cuerpo de Paz y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
El dirigente de Participación Ciudadana reconoció que esa organización ha recibido apoyo de la USAID y de otros gobiernos para proyectos relacionados con procesos electorales y la lucha contra la corrupción.
Finalmente, expresó su desacuerdo con una decisión atribuida al presidente estadounidense Donald Trump de instruir a fiscales de su país a no perseguir determinados casos de corrupción cometidos por empresarios norteamericanos en el extranjero, argumentando que la cooperación internacional debe enfocarse en fortalecer los mecanismos de transparencia y contratación pública en las naciones con mayores debilidades institucionales.
