El Pregonero. Santo Domingo. – El movimiento Participación Ciudadana recomendó este domingo una reforma profunda en materia electoral y de Sistema de Partidos, para escoger nuevos miembros de la Junta Central Electoral y readecuación jurídica de los partidos políticos que no son aceptados por la población.
“El país tiene que abocarse a una reforma profunda de la cultura política y electoral que debe iniciar con la designación de una Junta Central Electoral que además de no tener representaciones partidarias, esté integrada por profesionales multidisciplinarios que incluyan las áreas de administración y gerencia de procesos, informática, finanzas, derecho, ciencias políticas, entre otras”, indicó el movimiento.
“La Junta Central Electoral, organismo responsable de las elecciones, no ejerció el poder que le otorgan la Constitución y las leyes para cambiar los aspectos sustantivos que han afectado a las elecciones en el país. Es cierto que afrontó circunstancias especiales y difíciles, pero en muchos casos sus decisiones fueron cuestionadas por la opinión pública y por la oposición política. Varias de sus disposiciones fueron rechazadas por el Tribunal Superior Electoral (TSE)”, indicó la institución.
Participación Ciudadana entiende que “sus mayores falencias fueron en las funciones de control y supervisión de los actores políticos, sobre todo, perdió la oportunidad de constituirse en una verdadera contención del desbordado abuso del poder, función que le otorgan la Constitución y las leyes.”
Sostiene Participación Ciudadana que los nuevos miembros de la JCE, deben ser ciudadanos y ciudadanas con una reputación de independencia, eficiencia, integridad, laboriosidad y carácter, ganada en el sector público o privado, que les permita liderar y arbitrar los cambios que encaminen al país a la celebración de comicios más democráticos, transparentes y apegados a las leyes.
En su cuarto informe sobre los resultados electorales 2020, la entidad recomienda, además, modificación a Las leyes de partidos y de régimen electoral, para adecuarlas a la Constitución y hacerlas más efectivas en el ideal nacional de una nueva cultura político-electoral.
Sugiere que, en la nueva modificación orgánica, debe prestarse especial atención en esa reforma deben concitar los temas de la participación del gobierno en campaña, el financiamiento estatal y privado, el control de la publicidad y las campañas, la rendición de cuentas y los mecanismos de participación democrática.
De acuerdo a PC los resultados electorales muestran un retroceso para las mujeres, signo de que los partidos políticos no han implementado las normativas a favor de la equidad y tampoco han puesto en marcha estrategias y mecanismos efectivos de participación que favorezcan a esa mitad de la población.
¿Qué debe hacer la actual JCE?
Para superar la cultura de impunidad en los delitos electorales, la JCE debe tomar la iniciativa de recopilar todos aquellos casos en los que existan pruebas y tramitar una solicitud a la procuraduría especializada en estos delitos para que proceda a su investigación y procesamiento judicial, sostiene el movimiento no partidista.
La JCE también tiene la autoridad para aplicar sanciones administrativas a los actores que hayan incurrido en violaciones a la normativa, lo cual sería una gran contribución a la mejoría de los próximos procesos. Puede iniciar con el no cumplimiento de los controles financieros establecidos en la Ley y vulnerados sin consecuencias por partidos y candidatos.
La impunidad en materia electoral es tal que una persona confiesa haber alterado las actas en favor de su madre candidata, existen videos al respecto, y la persona luego de ser detenida, fue despachada sin consecuencias.
Participación Ciudadana solicitó a la Junta Central Electoral la colocación en su página web de toda la información que permita hacer un análisis detallado del cumplimiento por parte de los partidos y candidatos de las normativas sobre financiamiento, identificación de fuentes de recursos, gastos y organización contable.
Este proceso no debe cerrarse hasta que se completen todas las informaciones que establecen las leyes, se verifique su cumplimiento y se impongan las sanciones en caso de violaciones.
Sistema Partidos debe revisarse: “comicios demostró no cuentan con aceptación población”
Participación Ciudadano recomendó este domingo la necesidad de revisar el sistema de partidos en lo concerniente a la vigencia de los mismos, ya que de los 27 partidos que participaron en las elecciones de julio, a nivel presidencial, sólo 5 obtuvieron por encima del 1%, mientras que a nivel senatorial y de diputados, sólo 9 superaron el mínimo.
“Estos resultados, así como la historia de las últimas décadas, confirman que muchos de esos partidos no cuentan con la aceptación, ni la vocación de representación de la población”.
En su Cuarto Informe sobre el resultado de las elecciones julio 2020, PC, destaca que es bien conocido que la mayoría de partidos, en cada proceso electoral, “negocian las alianzas que les reportan los mayores beneficios, recibiendo a cambio instituciones completas para su libre disfrute, hipertrofiado la nómina pública, sin prestar ningún servicio al país, ni siquiera en las luchas democráticas”.
Por tanto, dice PC, constituye un reto para la Junta Central Electoral aplicar la Ley de Partidos, cuyo artículo 75.1 la obliga a dictar resolución declarando disuelta la personería jurídica del partido, agrupación o movimiento político por no haber alcanzado “por lo menos un uno por ciento (1%) de los votos válidos emitidos en las últimas elecciones”.
Antes que interpretar esto como un golpe a las minorías, es una oportunidad para que éstas se planteen nuevas estrategias de unidad, revisen sus propuestas y pongan en práctica métodos innovadores para captar el apoyo de la población. Los delitos electorales no denunciados por JCE
En su informe el movimiento se queja de que los delitos electorales siguen cubiertos por el manto de la impunidad. No se actuó a tiempo para poner en funcionamiento la Procuraduría Especializada de Investigación y dirección de los partidos y del gobierno, en clara violación al artículo 39.5 de la Constitución de la República que obliga al Estado a garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las funciones públicas.
“Otra práctica ilegal reiteradamente observada es la campaña política el día de las elecciones, prohibida por la Ley 15-19 de Régimen Electoral, que se hacía por los principales partidos de cara a las autoridades sin que se produjera ninguna consecuencia”, agregó.
“Es importante señalar que la Policía Militar Electoral no hizo ningún esfuerzo por detener, tanto la compra de votos como la campaña electoral, prohibida el día de las elecciones, obedeciendo instrucciones de su órgano superior, que en este caso es la Junta Central Electoral, quien trataba de evitar conflictos con los partidos, pero a expensas de permitir la violación a la ley”, concluyó la entidad.