El Pregonero, Santo Domingo. — El desvío de más de RD$15 mil millones del sistema público de salud en el caso SENASA convirtió a la corrupción en el principal factor de desconfianza ciudadana durante 2025, advirtió Participación Ciudadana al presentar su balance anual, en el que alertó sobre la persistente impunidad y la lentitud judicial en los grandes expedientes.
Al presentar su balance anual, la organización señaló que, aunque el país mostró una mejoría en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional a inicios de 2025, los nuevos escándalos, en especial el de SENASA, profundizaron la desconfianza ciudadana y evidenciaron la fragilidad de los controles estatales.
Participación Ciudadana sostuvo que el caso SENASA constituyó un atentado directo contra el derecho fundamental a la salud, al afectar a millones de afiliados del sistema público, y advirtió que la corrupción en el sector salud tiene consecuencias humanas, no solo financieras, al limitar el acceso a tratamientos médicos esenciales.
La organización expresó preocupación por la lentitud en el procesamiento de los grandes casos de corrupción administrativa que cursan en los tribunales, los constantes reenvíos de audiencias y el riesgo de prescripción de expedientes de alto impacto social. Reclamó procesos judiciales oportunos, con plazos razonables y audiencias públicas, especialmente en casos de corrupción.
Durante el año, el Ministerio Público logró condenas en varios procesos vinculados a corrupción administrativa y crimen organizado, entre ellos la Operación 13, casos en el Ministerio de Agricultura, tráfico ilícito de municiones en la Policía Nacional y redes de sobornos para suplir servicios de seguridad privada al Estado. Sin embargo, solo el caso de Alexis Medina y compartes concluyó juicio de fondo, con penas consideradas insuficientes frente al monto del desfalco.
El balance también alertó sobre la penetración del narcotráfico en la política, con casos que involucraron a funcionarios, legisladores y asesores gubernamentales, así como sobre las debilidades en los controles del financiamiento político.
En el plano institucional, Participación Ciudadana valoró la aprobación del nuevo Código Penal y del Código Procesal Penal, así como la Ley de Contrataciones Públicas, aunque lamentó la exclusión de las tres causales del aborto y denunció intentos de frenar reformas vinculadas a derechos ciudadanos, libertad de expresión y persecución de la corrupción.
Asimismo, destacó sentencias del Tribunal Constitucional que fortalecieron derechos fundamentales, avances en la Reforma Policial y una reducción de la tasa de homicidios a 8.3 por cada 100 mil habitantes, aunque advirtió que persisten altos niveles de violencia de género y debilidades estructurales en la economía.
Participación Ciudadana concluyó que el 2025 dejó un balance mixto y reiteró que la lucha contra la corrupción debe traducirse en resultados concretos, sentencias oportunas y un fortalecimiento real del Estado de derecho para evitar la reproducción de la impunidad.
