Por Frank Hernández
La seguridad ciudadana exige firmeza, sí. Pero también exige inteligencia. En República Dominicana hemos dado un paso importante: contamos con un nuevo Código Penal que endurece las penas, amplía el marco de protección social y establece hasta 40 años de prisión por delito y hasta 60 por acumulación . Esa herramienta existe y debe aplicarse con todo el rigor que la ley manda. Sin embargo, hay una diferencia enorme entre aplicar la ley y desvincular la vida humana como método de control. La delincuencia no se erradica quitando vidas: se derrota devolviendo dignidad, ordenando el sistema penitenciario y, sobre todo, educando.
Miremos el ejemplo de El Salvador. El presidente Nayib Bukele enfrentó a la Mara Salvatrucha y al Barrio 18 con mano firme, pero no se limitó a reprimir: tomó el control de las cárceles, construyó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) para 40,000 reclusos, desarticuló el dominio criminal dentro de los penales y reestructuró todo el sistema . Lo fundamental: no centró su estrategia en ejecuciones, sino en disciplina, control territorial y, decisivamente, en poner a una mujer —la comandante del Ejército— al frente de la Secretaría de Educación, señalando que la formación del ciudadano es la base de la seguridad. Bukele entendió algo que no debemos olvidar: las prisiones contienen, pero la educación transforma.
Los datos no mienten. Existe una correlación directa y comprobada entre el nivel educativo de una sociedad y sus índices de violencia. Los países con mayor cobertura y calidad educativa registran sistemáticamente tasas de delincuencia más bajas. Finlandia, Corea del Sur, Japón, naciones que hicieron de la educación su columna vertebral, presentan niveles de seguridad que envidiaríamos muchos. En ellos, la escuela funciona como muro más sólido que cualquier cárcel.
Esto significa que cuando atendemos a un joven en las calles, la respuesta no puede ser solo el enfrentamiento. La respuesta debe ser también el aula, la capacitación, el trabajo digno. El nuevo Código Penal dominicano contempla además medidas de reinserción social y programas de reeducación . No ignoremos esa parte. La ley nos da la autoridad para castigar, pero también la obligación de prevenir.
Si reducimos la seguridad únicamente a la fuerza, perdemos el presente y el futuro. Si invertimos en educación, ganamos la batalla antes de que se libere. La Policía hace su trabajo en las calles; el Estado debe hacerlo en las escuelas. No se trata de elegir entre ley y educación: se trata de usar la ley con firmeza y la educación con convicción.
Porque una sociedad que educa no necesita encerrar a tantos. Y un país que respeta la vida, incluso la de quienes han fallado, demuestra que es verdaderamente grande.
