Por Rosa Iris Luciano
El Pregonero, Santo Domingo– El comunicador Najib Chahede denunció públicamente que el gobierno dominicano, a través de la Dirección General de Pasaportes, estaría comprometiendo fondos públicos de forma ineficiente al optar por arrendar un edificio cuyo valor total podría cubrirse en un corto plazo, en lugar de adquirirlo como propiedad estatal.
Chahede explicó que la empresa Ingasa (Ingeniería Avanzada) realizó una tasación del inmueble y su terreno, ubicado sobre unos 6,000 metros cuadrados, estableciendo su valor en RD\$563 millones. Sin embargo, el contrato de alquiler vigente implica que en solo tres años el Estado pagará RD\$345 millones, es decir, más de la mitad del costo total de la propiedad.
“En menos de seis años de arrendamiento, el Estado dominicano podría pagar el edificio completo y convertirlo en propiedad de la Dirección General de Pasaportes. No se entiende la obsesión con alquilar”, criticó.
Chahede aseguró que la tasación se realizó el 30 de noviembre de 2024, utilizando como referencia la tasa del dólar de diciembre de ese año (RD\$60.65), y está disponible en el portal transaccional de Compras y Contrataciones Públicas. A pesar de esta información pública, sostuvo que el gobierno prefirió optar por el alquiler.
Durante el debate, el también comunicador Pedro Jiménez intervino señalando que una operación de esa magnitud no puede ser autorizada únicamente por el director de Pasaportes, y que debía contar con el aval del Poder Ejecutivo. A esto, Najib respondió con firmeza:
“El proceso lo sube la Dirección General de Pasaportes. Es responsabilidad directa del director, Lorenzo Ramírez. No se puede desviar la atención: el contrato inicia ahí.”
Chahede también cuestionó el patrón de arrendamientos en instituciones públicas: “No entiendo cuál es la maldita fascinación que tienen algunos funcionarios por alquilar edificios. Lo lógico, lo eficiente, es que el Estado compre y se apropie de los espacios que necesita para operar.”
Advirtió que, en menos de seis años, con ese mismo ritmo de pagos, el Estado podría adquirir el edificio por completo y convertirlo en propiedad de la institución. “Eso beneficiaría al país a largo plazo. Es lo que manda la sensatez financiera”.
