@abrilpenaabreu
El informe de Naciones Unidas que identifica municiones vinculadas a República Dominicana en manos de bandas haitianas constituye un señalamiento grave que merece una investigación exhaustiva. Sin embargo, sería injusto desconocer los esfuerzos que el Estado dominicano ha realizado para combatir el tráfico ilegal de armas y municiones.
Y los números hablan por sí solos, entre 2022 y marzo de 2025, la Dirección General de Aduanas, en coordinación con el Ministerio Público, judicializó 76 casos por tráfico de armas, obteniendo ocho sentencias hasta esa fecha.
A esto se suman importantes decomisos, como las más de 22 mil municiones interceptadas por el CESFRONT en Elías Piña en 2022 y las 36 mil municiones y 23 armas de fuego incautadas por Aduanas en marzo de 2025, en un cargamento procedente de Estados Unidos con destino a Haití.
Pero hay un detalle todavía más importante: la propia Naciones Unidas reconoce las operaciones de interdicción y la cooperación de las autoridades dominicanas. Esto no elimina la gravedad de los hallazgos ni las responsabilidades que puedan derivarse de casos como la Operación Pandora, que evidenció vulnerabilidades en el control de los arsenales policiales.
Por el contrario, obliga a fortalecer los mecanismos de fiscalización, establecer la trazabilidad de las municiones y sancionar cualquier desvío de material bélico. También debemos recordar que República Dominicana fabricó y comercializó armamento desde la época de Trujillo. Por tanto, encontrar municiones de fabricación dominicana no demuestra automáticamente que hayan salido recientemente del territorio nacional. Cada lote debe investigarse conforme a su fecha de fabricación, adquisición y circulación.
Ahora bien, tampoco podemos ignorar las municiones modernas identificadas por Naciones Unidas y vinculadas a arsenales dominicanos. Esas requieren explicaciones concretas. República Dominicana no puede negar los problemas detectados, pero tampoco se puede negar lo que ha hecho para combatirlos.
Las 76 causas judicializadas, los decomisos y la cooperación internacional son hechos verificables. Y deben formar parte de cualquier evaluación objetiva. La respuesta del Estado dominicano debe ser continuar investigando, fortalecer los controles y presentar resultados.
Porque defender la imagen de República Dominicana no significa ocultar sus debilidades. Significa reconocerlas, corregirlas y exigir que sus esfuerzos también sean valorados. Ni negación de los hechos ni condenas anticipadas. Investigación, responsabilidad y reconocimiento de lo que se ha hecho.
