Por Abril Peña
A pesar de los esfuerzos institucionales y las campañas preventivas, la República Dominicana ha registrado 51 muertes maternas en los primeros meses del 2025, según los últimos boletines del Ministerio de Salud Pública. Aunque la cifra representa una reducción del 19% respecto al mismo período del año anterior (cuando se contabilizaron 63 muertes), el fenómeno sigue revelando fallas estructurales en la atención, las desigualdades sociales y las brechas persistentes dentro del sistema.
Lo que más alarma a los expertos no es solo el número, sino su composición: de las 51 mujeres fallecidas, 25 eran haitianas. Las otras 26 eran dominicanas, mayoritariamente jóvenes entre 20 y 29 años, lo que pone en evidencia que la maternidad en edad reproductiva sigue siendo un riesgo, especialmente en contextos de vulnerabilidad social y económica.
Las principales causas: un patrón que se repite
Las causas siguen siendo las mismas de los últimos años: trastornos hipertensivos del embarazo, hemorragias y sepsis postparto. Todas afecciones prevenibles o manejables si se detectan a tiempo y se ofrece atención oportuna y de calidad. Sin embargo, muchas muertes ocurren en centros de salud, no en comunidades remotas, lo que plantea una pregunta incómoda: ¿es un problema de acceso o también de negligencia y mala gestión?
El Ministerio ha defendido sus esfuerzos y señala que los indicadores muestran una tendencia a la baja desde 2022, gracias a la capacitación del personal de salud, el fortalecimiento de la red obstétrica y la implementación de nuevos protocolos. Pero la realidad es que la mortalidad materna en RD sigue por encima del promedio regional, que se sitúa en 88 muertes por cada 100,000 nacidos vivos. La tasa nacional ronda los 123 por cada 100,000, según cifras de 2024.
La frontera invisible entre la pobreza y la muerte
Una de las alertas más recurrentes es el aumento de muertes maternas entre mujeres haitianas. Las autoridades reconocen que más del 40% de las gestantes que acuden a los hospitales públicos en zonas fronterizas o urbanas son extranjeras. Aunque hasta hace poco el sistema de salud ofrecía atención gratuita a todas, lo cierto es que la saturación, la falta de seguimiento clínico y el colapso de algunas áreas obstétricas han afectado la calidad de la atención para todas las pacientes, sin importar su nacionalidad.
Pero el problema no es solo migratorio. También hay dominicanas pobres, adolescentes embarazadas y mujeres de zonas rurales que enfrentan condiciones similares: invisibilidad, precariedad y abandono institucional.
¿Qué más se puede hacer?
Expertos en salud pública insisten en que no basta con capacitar al personal médico o con inaugurar salas de parto. Se necesita una estrategia intersectorial que incluya educación sexual desde la adolescencia, planificación familiar efectiva, atención diferenciada para adolescentes y una red comunitaria que permita identificar embarazos de alto riesgo desde etapas tempranas.
La reducción de muertes maternas no es solo una métrica de salud: es un termómetro de justicia social. Y aunque las cifras de este año son mejores que las del anterior, cada muerte materna sigue siendo una tragedia prevenible que deja una familia rota, una criatura huérfana y una deuda pendiente del Estado.
