@abrilpenaabreu
Durante décadas, los gobiernos dominicanos —de todos los colores políticos— han evitado tocar uno de los temas más incómodos, pero también más inevitables: una reforma profunda del sistema fiscal.
Ahora se habla de “modernización fiscal”. Un nombre menos agresivo, políticamente más amable que “reforma fiscal”, pero cuya esencia sigue siendo la misma: revisar cómo recauda el Estado, cómo gasta y quién termina cargando el peso del sistema.
Y hay que decirlo con honestidad: probablemente sí, ha llegado el momento de tomar decisiones difíciles. Porque si algo nos ha demostrado el paso del tiempo es que seguir posponiendo los grandes problemas solo hace que luego sean más costosos, más dolorosos y más urgentes.
La República Dominicana necesita recursos para sostener servicios, infraestructura, seguridad, salud, subsidios y una economía que aspira a seguir creciendo. El problema no es únicamente recaudar más; el verdadero debate es cómo, de quién y para qué.
Ahora bien, también hay una preocupación legítima que no puede ignorarse, la clase media dominicana no puede volver a convertirse en el “pushing back” —el muro de contención financiero— de una reforma que termine castigando, otra vez, a quienes ya sienten que cargan demasiado peso.
Porque esa clase media suele estar en un limbo incómodo: no recibe los privilegios de los sectores más altos, pero tampoco accede a muchos de los subsidios o ayudas dirigidas a los más vulnerables. Paga más, recibe menos y muchas veces queda invisible en las grandes decisiones económicas.
En medio de una crisis internacional, de un costo de vida que la gente siente todos los días en el supermercado, en la gasolina, en la escuela de los hijos y en la factura eléctrica, es natural preguntarse si este es el momento adecuado.
Pero también hay una realidad incómoda: si esperamos a que exista un “momento perfecto”, probablemente nunca llegará.
La disyuntiva entonces no es si debe o no hacerse una modernización fiscal, el asunto aquí es qué tan justa será.
¿Comenzará el Estado revisando privilegios, exenciones innecesarias, duplicidades institucionales y calidad del gasto? ¿Habrá señales reales de austeridad? ¿Se reducirá la evasión de quienes históricamente encuentran formas de aportar menos? ¿O volveremos al modelo donde el sacrificio termina concentrándose va en quienes trabajan, producen y ya sienten que apenas les alcanza? Y aquí aparece otra variable imposible de ignorar: la política.
El presidente Luis Abinader mantiene niveles de valoración importantes, pero el Partido Revolucionario Moderno no necesariamente vive el mismo momento de fortaleza. Encuestas recientes colocan al PRM alrededor de un 32.5 % de simpatía partidaria, una cifra competitiva, sí, pero no cómoda para una organización que gobierna y que todavía no ha pasado por una convención interna ni ha definido liderazgo sucesorio claro.
Faltan apenas dos años para las elecciones y en política, el bolsillo pesa, si una eventual modernización fiscal es percibida como injusta, improvisada o desconectada de la realidad económica de la gente, el costo político podría ser considerable.
Porque las reformas difíciles pueden fortalecer gobiernos cuando se perciben como necesarias y equilibradas, pero también pueden convertirse en el detonante del desgaste cuando la población siente que vuelve a pagar la factura de siempre.
La modernización fiscal quizás llegó tarde, pero si finalmente va a hacerse, que sea una reforma justa, transparente y donde el sacrificio no vuelva a caer, desproporcionadamente, sobre los mismos de siempre.
