Por Lic. Luis Ma. Ruiz Pou
En el corazón de toda democracia late una promesa: que la dignidad no será privilegio, sino derecho. En Estados Unidos, esa promesa se llama Medicare; en República Dominicana, SENASA. Ambos sistemas nacen del mismo impulso ético: proteger a quienes, por edad, pobreza o exclusión, quedarían fuera del mercado de la salud. Pero ¿qué ocurre cuando esa promesa se convierte en trámite, cuando el derecho se administra como favor?
Dos modelos, una misma tensión
Medicare, creado en 1965 como parte del impulso reformista del New Deal ampliado, fue una respuesta al abandono médico de los ancianos. SENASA, por su parte, surge en 2002 como brazo estatal dentro de un sistema de seguridad social fragmentado, buscando incluir a los trabajadores informales y a los más pobres. Ambos operan como intermediarios entre el Estado y los prestadores privados, y ambos enfrentan el dilema de la eficiencia versus la equidad.
Pero mientras Medicare se ha convertido en un sistema robusto, aunque acosado por el fraude y la sobrefacturación, SENASA aún lucha por consolidar su cobertura, especialmente en zonas rurales y entre poblaciones invisibilizadas. En ambos casos, el riesgo es el mismo: que la lógica contable desplace la lógica ética.
¿Administrar o cuidar?
La diferencia entre administrar salud y cuidar vidas no es semántica, sino política. Cuando el acceso se mide en formularios y no en alivio, cuando el paciente se convierte en expediente, el sistema deja de ser garante y se vuelve obstáculo. Tanto en Medicare como en SENASA, hay denuncias de demoras, negligencias, y una creciente burocratización que convierte el derecho en espera. ¿Quién vigila al vigilante? ¿Quién garantiza que el sistema no se convierta en máquina de exclusión bajo el disfraz de inclusión?
La salud como campo de batalla moral
La comparación entre Medicare y SENASA no busca igualar lo desigual, sino iluminar lo común: la fragilidad de las instituciones cuando se enfrentan al poder económico, la tentación de privatizar lo público, y la urgencia de una ciudadanía que no delegue su vigilancia. La salud no es solo un servicio; es una declaración de valores.
Cuando el Estado abdica, la salud se convierte en ruina
Hoy, Medicare enfrenta una amenaza existencial: su fondo hospitalario podría agotarse en 2033, dejando a millones de adultos mayores con beneficios recortados. Mientras tanto, en República Dominicana, SENASA tambalea bajo el peso de fraudes, sobrefacturación y negligencia administrativa que han puesto en riesgo la atención de los más vulnerables, especialmente víctimas de accidentes de tránsito.
Una verdad incómoda
Ambos casos revelan una verdad incómoda: cuando el Estado abdica su deber de cuidar, el sufrimiento no se distribuye equitativamente. Se concentra en los cuerpos ya golpeados por la pobreza, la edad, la exclusión. Y lo hace en silencio, entre formularios extraviados, citas que nunca llegan, y medicamentos que se niegan por falta de fondos o por exceso de corrupción.
No basta con denunciar. Hay que exigir. Porque la salud pública no es un lujo presupuestario ni una dádiva partidaria: es el termómetro moral de una nación. Si Medicare se convierte en un campo de batalla ideológico y SENASA en botín administrativo, entonces estamos frente a una regresión ética que exige resistencia.
La ciudadanía no puede limitarse a ser paciente. Debe ser doliente, testigo y actor. Porque cuando el derecho a la salud se convierte en excepción, la democracia misma entra en cuidados intensivos. Ambos sistemas pueden ser instrumentos de justicia o cómplices del abandono. Depende de quién los administre, de cómo se financien y, sobre todo, de cuán despiertos estén los ciudadanos que los sostienen en la encrucijada ética.
