@abrilpenabreu
En política, las buenas intenciones suelen llegar primero que las soluciones reales, la reciente iniciativa sometida al Congreso por José Ignacio Paliza presidente del Partido Revolucionario Moderno busca reformar la Ley de Partidos para establecer nuevos filtros de integridad en la política dominicana y es una iniciativa valiente y responsable.
Entre las medidas propuestas figuran pruebas antidopaje para aspirantes, certificaciones de antecedentes penales, declaraciones juradas de patrimonio y mecanismos de “compliance” dentro de las organizaciones políticas para verificar el origen de los fondos que financian campañas.
La intención es clara: cerrar las puertas de la política a personas vinculadas con actividades ilícitas y evitar que dinero de procedencia criminal contamine el sistema democrático.
El problema es que la política dominicana no sufre precisamente por falta de leyes, República Dominicana tiene una legislación relativamente amplia en materia electoral, financiamiento político, transparencia y lavado de activos. La propia Ley de Partidos ya establece mecanismos para fiscalizar financiamiento, exigir reportes de gastos y establecer sanciones ante irregularidades.
Lo que ha faltado históricamente no es la norma, es su falta de aplicación ya sea por falta de recursos o porque aquellos supuestos a vigilar ese filtro no lo hacen.
El crimen organizado no conoce fronteras ni reglas, su lógica es precisamente la contraria: encontrar las grietas del sistema y aprovecharlas.
Si algo ha demostrado la experiencia internacional es que las organizaciones criminales no se detienen ante un formulario más o una certificación adicional. Cuando buscan infiltrarse en el poder político, lo hacen utilizando intermediarios, estructuras financieras opacas o candidaturas aparentemente limpias.
Por eso el verdadero desafío no es crear nuevos filtros, )aunque también) es hacer funcionar los que ya existen.
Para eso se necesita algo mucho más complejo que una reforma legislativa: instituciones con recursos, independencia y capacidad real de fiscalización.
Y ahí aparece uno de los puntos más débiles del sistema dominicano: el limitado presupuesto, capacidad técnica y herramientas operativas de la Junta Central Electoral, para supervisar en profundidad el financiamiento político y la trayectoria de miles de aspirantes en cada proceso electoral.
Sin esa capacidad institucional, cualquier filtro termina siendo más simbólico que efectivo, una realidad incómoda que ningún partido puede negar
También hay una verdad que la política dominicana suele evitar reconocer públicamente, la infiltración de intereses ilícitos no es un problema exclusivo de un partido, es un riesgo estructural que puede afectar a cualquier organización política y aunque tal vez sin extradiciones todos los partidos del sistema tienen sus manzanas podridas.
Cuando las campañas electorales se vuelven cada vez más costosas y el dinero se convierte en el principal factor de competitividad electoral, la puerta queda abierta para que actores con recursos —legales o no— intenten comprar influencia.
Ese es el verdadero dilema, no se trata solo de quién se postula, sino de quién financia la política.
Eso no significa que la iniciativa presentada por Paliza carezca de valor. Todo esfuerzo por elevar los estándares éticos de la política es positivo. La transparencia patrimonial, la debida diligencia y los controles sobre el origen de los fondos son medidas que, bien implementadas, pueden ayudar a fortalecer la confianza ciudadana.
Pero sería ingenuo pensar que un nuevo requisito administrativo resolverá un problema estructural. La corrupción política y la infiltración criminal no se combaten únicamente con nuevas leyes.
Se combaten con instituciones fuertes, vigilancia permanente, financiamiento político transparente y consecuencias reales para quienes violen las reglas.
Porque en democracia las leyes importan, pero mucho más importante es que alguien tenga el poder —y la voluntad— de hacerlas cumplir.
