Por Rosa Iris Luciano
El Pregonero, Santo Domingo – El comunicador Julio Martínez Pozo criticó con firmeza la supuesta utilización de recursos del Estado para costear la defensa legal del director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison, ante denuncias de presunto chantaje vinculado a una transacción inmobiliaria.
Martínez Pozo consideró inaceptable que el Estado destine 25 millones de pesos a la contratación de abogados para defender la honorabilidad de un funcionario.
“Perfecto, queréllate. Pero no por cuenta del contribuyente. La honorabilidad suya es su problema”.
El periodista puso en duda la legalidad de la transacción que habría motivado el chantaje, y se mostró sorprendido de que una persona políticamente expuesta categoría que aplicaría a Morrison por su condición de funcionario haya podido realizar operaciones financieras de esa magnitud en el sistema bancario, especialmente en Estados Unidos.
“Desde que le dan un decreto, el banco le pone un asterisco y usted es PEP: persona políticamente expuesta. Cualquier movimiento queda prácticamente nulo”, advirtió.
También subrayó que muchas instituciones financieras suelen restringir o incluso cancelar las cuentas de los funcionarios públicos por medidas de prevención de lavado y transparencia. En ese contexto, cuestionó cómo se habría concretado la transacción que, según el propio Morrison, motivó el intento de chantaje.
“Él mismo ha admitido que se le quiso chantajear con esa operación. Entonces, está admitiendo que la transacción ocurrió”.
Martínez Pozo pidió claridad sobre el destino de los fondos del Intrant y lanzó una interrogante directa: “¿Los 25 millones de pesos aprobados para abogados son para defender la honorabilidad de Morrison? ¿Y eso debe pagarlo el Estado?”
Su comentario reabre el debate sobre los límites éticos del uso de fondos públicos y la responsabilidad personal de los funcionarios en la defensa de su imagen.
