@abrilpenaabreu
Marielis Yoanna Beltré Féliz tenía veinte años, el domingo salió de su casa en Majagual, Azua, con el único propósito de comprar unas toallas sanitarias. Cuatro hombres armados la interceptaron en el camino, la agredieron sexualmente, le causaron lesiones tan graves que murió esa misma noche en el Hospital Regional Taiwán mientras los médicos intentaban salvarla. Su padre tuvo que ir a la fiscalía al día siguiente a poner una querella porque a su hija la asesinaron camino a comprar algo tan básico como una toalla sanitaria.
En este país tiene una costumbre peligrosa de llamarle moda a lo que en realidad es un patrón que llevaba años ahí, escondido, silenciado, normalizado, y que ahora simplemente se viraliza porque las víctimas y sus familias se atreven a hablar y las redes sociales no permiten que el silencio institucional de siempre lo entierre con la misma facilidad de antes.
Porque esto no es nuevo, lo nuevo es que lo estamos viendo. Las violaciones grupales no respetan edad en este país, hemos tenido casos de niñas, de adolescentes, de mujeres adultas, de ancianas, y cuando uno revisa lo que documenta la propia Procuraduría General de la República sobre agresiones sexuales, los números son demoledores y casi nadie los conoce porque rara vez salen del expediente técnico hacia la conversación pública, hasta que un caso como el de Marielis obliga a mirar de frente lo que las estadísticas llevaban tiempo advirtiendo en silencio.
Y el caso de Azua tiene un nivel de crueldad que merece nombrarse sin eufemismos. No la violaron simplemente, la torturaron, y la joven terminó muriendo. Eso no es un exceso de violencia sexual, es tortura con resultado de muerte cometida en manada por cuatro hombres que decidieron que el cuerpo de una mujer que salió a comprar algo tan elemental como una toalla sanitaria era suyo para hacer con él lo que quisieran.
La pregunta que esta sociedad tiene que hacerse con la misma crudeza que el crimen merece es esta: ¿qué hay para gente así? ¿Cárcel real, con condenas que reflejen la gravedad del hecho, o el mismo ciclo de prisión preventiva, proceso lento, posible reducción de pena y eventual reinserción social que tantas veces termina devolviendo a la calle a hombres que demostraron con hechos, no con sospechas, que son capaces de torturar y matar?
Porque cuando se trata de violencia sexual extrema en manada, con resultado de muerte, la conversación sobre reinserción social tiene que ceder paso a una conversación sobre protección de la sociedad, y este país necesita decidir con claridad si sus leyes y sus tribunales están a la altura de esa exigencia o si seguirán tratando estos casos como hechos aislados que generan indignación de una semana y luego se diluyen en el sistema judicial sin que nadie vuelva a saber qué pasó con los responsables.
El nuevo Código Penal que entra en vigor en agosto endurece penas para delitos graves y refuerza la protección de las víctimas, y eso hay que reconocerlo como un paso necesario, pero ningún código por sí solo cambia una cultura que sigue produciendo hombres capaces de hacerle esto a una mujer que salió de su casa por cinco minutos.
Marielis no era una cifra, era una joven de veinte años que no llegó a la farmacia. Y este país le debe algo más que indignación de unos días.
Le debe justicia real y le debe, sobre todo, que esto deje de ser una moda que vuelve cada cierto tiempo con un nombre distinto.
