El Pregonero, Santo Domingo. – El vocero del Comité de Lucha del sector Los Tres Brazos advirtió a los jueces que está en su cancha la pelota y que los residentes de ese sector no aceptarán artimañas jurídicas para dejar en libertad a las personas que la Procuraduría General de República sometió a la justicia por su implicación en la venta irregular de los terrenos que ocupa esa comunidad ubicada en el municipio Santo Domingo Este.
A encabezar el pasado sábado (ayer), una manifestación de familias de ese sector en las escalinatas del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, Milciades Geraldo, señaló que con la venta ilegal de los terrenos, los que hoy están en la justicia se llevaron más de 90 millones de pesos de esa comunidad, le violaron su paz y su tranquilidad a los residentes, y estafaron al Estado dominicano.
El dirigente comunitario sostuvo que están de acuerdo con el sometimiento a la justicia hecho por el procurador general de la República y con la solicitud de declaratoria de complejidad del caso, porque entienden que deben caer todos los que se involucraron en el fraude con la venta de terrenos en Los Tres Brazos.
«Los corruptos pa’ la cárcel». «Esa maña de robar se va acabar». Esas fueron dos de las consignas que vociferaban residentes de Los Tres Brazos frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en reclamo de sanción para los 11 acusados por la Procuraduría de la venta ilegal de terrenos en ese sector a través de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde) y compañías privadas.
Portaban carteles con mensajes, entre ellos “Los Tres Brazos no se venden”, «Los Tres Brazos unidos, jamás serán vencidos”. Frente a ellos, un contingente de policías que les impedía entrar al Palacio de Justicia y se ocupaba de mantener el orden durante el tiempo en que estuvieron allí, por alrededor de media hora.
Esto ocurría mientras los implicados en el caso eran sacados, bajo estrictas medidas de seguridad, del Tribunal de Atención Permanente, ubicado en el segundo nivel del Palacio de Justicia, para ser llevados a la cárcel, ubicada en el cuarto piso.
Allí estarán recluidos hasta que el juez José Alejandro Vargas conozca este lunes a las 10 de la mañana la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, consistente en un año de prisión preventiva.
Están detenidos por este caso Rosabel Castillo, directora nacional de Registro de Títulos, quien fue la última en entregarse, el pasado sábado en la mañana, que se sumó a los otros 10 que ya estaban detenidos desde el jueves. Además de Castillo, esperan medida de coerción el exdirector de Corde, Leoncio Almánzar; Irving José Cruz, exconsultor jurídico de esa entidad; Manuel Aybar, exgerente Inmobiliario; Domingo Gerardo Lebrón;
También, los hermanos Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams, accionistas de la entidad comercial INFEPA; Juana Ynés Gómez Williams, representante de la entidad comercial Proyecciones Inmobiliarias GOWI. También, José Enrique de Pool Dominici, principal accionista y representante de la entidad comercial Titulatec, y los agrimensores Ana Antonia Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella.
En la instancia de solicitud de medida de coerción, la Procuraduría justificó la petición de prisión preventiva “ante las evidencias presentadas por el Ministerio Público, la gravedad del daño a resarcir, dados los montos y bienes envueltos en el proceso”. Con esa solicitud, el Ministerio Público procura asegurar la presencia de los imputados en todas las fases del proceso, respecto de la investigación llevada en su contra.
La entidad estatal acusa al grupo de prevaricación, abuso de jurisdicción, falsedad y uso de documentos falsos, desfalco, estafa contra el Estado y asociación de malhechores, entre otros establecidos en el Código Penal. “Cada caso es individual, por supuesto, y las acusaciones concretas de cada caso se sustanciarán de manera particular”, señaló el ministerio público.
La Procuraduría General de la República señala que la empresa que compró las tres parcelas, cuyas operaciones inmobiliarias habrían sido desarrolladas por Corde, fueron Inversiones Fernández Parache & Asociados, INFEPA, y posteriormente esa misma empresa vendió parte de los terrenos a otra compañía, llamada TITULATEC. Solicitó al juez que el proceso sea declarado complejo.