Por : Jose Alberto Blanco
La muerte del joven Darlin Enmanuel Mercado Reyes, de 18 años, ha sacudido la conciencia nacional. No es un hecho aislado: la violencia policial se repite con una frecuencia alarmante y deja tras de sí un rastro de indignación y dolor.
En la Barranquita, Santiago, cinco personas fueron asesinadas, entre ellas el peluquero Vladimir Valerio, provocando la protesta de toda la comunidad. En Sabaneta, Santiago Rodríguez, otro caso de brutalidad policial volvió a encender la indignación ciudadana, confirmando que el abuso de poder se ha convertido en una práctica recurrente. Cada día surge un nuevo caso, y cada día se profundiza la sensación de que la autoridad ha perdido su razón de ser.
Los jóvenes y las mujeres, los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, están desprotegidos. La autoridad que debería garantizar seguridad y justicia se muestra ausente o cómplice.
Los feminicidios son prueba dolorosa de esta crisis: la Fundación Vida sin Violencia registró 47 casos en apenas seis meses, y el pasado sábado otro crimen en Los Guaricanos volvió a estremecer al país.
La llamada reforma policial ha significado la creación de consejos consultivos y la contratación de asesores de alto perfil —entre ellos los comisionados José «Pepe» Vila del Castillo , Luis Ernesto García Hernández, la consultoria de Elena Viyella de Paliza, Pedro Brache, Celso Juan Marranzini, Marisol Vicens Bello y Ramón Ortega— además de la incorporación de 21 oficiales superiores en unidades ejecutoras.
Todo esto ha representado sumas millonarias aportadas por el pueblo dominicano. Sin embargo, lejos de avanzar hacia una institución moderna y confiable, lo que se observa es un retroceso en la actuación de los agentes, que más que salvaguardar la vida de los ciudadanos parecen mercenarios en contra de la población.
La violencia no es solo un problema de orden público; es un síntoma de un Estado que no cumple con su deber esencial: proteger la vida. Cuando la policía se convierte en amenaza y la justicia en silencio, la ciudadanía queda a merced de la impunidad.
Es urgente una reforma real, ética y estructural que devuelva confianza y esperanza. La sociedad no puede normalizar la muerte de sus jóvenes ni el asesinato de sus mujeres. La autoridad que no protege, traiciona su mandato.
El país necesita instituciones que defiendan la vida, no que la arrebaten.
