&abrilpenaabreu
La decisión de la Procuraduría General de la República y la Dirección General de Migración de retirar 56,140 impedimentos de salida y alertas migratorias merece reconocimiento. La revisión identificó registros sin sustento judicial, restricciones que ya habían cumplido su finalidad y errores administrativos. Pero la corrección también obliga a examinar cómo esas irregularidades pudieron permanecer en el sistema.
Detrás de una restricción desactualizada puede haber un viaje de trabajo frustrado, una reunión familiar perdida o una atención médica aplazada. Son consecuencias posibles de una falla administrativa que compromete el ejercicio de derechos y puede ocasionar perjuicios económicos y personales.
El ciudadano no debería descubrir en un mostrador del aeropuerto que una institución omitió actualizar su expediente. Tampoco debería cargar con la obligación de recorrer oficinas para corregir un error del propio Estado.
La depuración debe convertirse en una práctica permanente, acompañada de mecanismos que permitan comunicar y ejecutar oportunamente el levantamiento de las restricciones. También hacen falta vías accesibles para consultar los registros, reclamar errores y obtener respuestas antes de que el daño ocurra.
Corresponde, además, establecer cómo se atenderán los perjuicios que puedan documentarse y qué responsabilidades proceden cuando una omisión mantiene indebidamente una limitación. Actualizar una base de datos puede parecer una tarea rutinaria. Cuando de ella depende la libertad de tránsito, hacerlo correctamente es una obligación esencial del Estado.
