El Pregonero. Santo Domingo.-Tras ponderar y valorar como esperanzador el discurso del presidente de República este 27 de febrero, la Fundación de Militares Constitucionalistas de Abril del 1965, pidió a la Junta Central Electoral (JCE) que le dé un plazo de 30 días al Congreso Nacional para que apruebe la Ley de Partidos Políticos y la Ley Electoral.
El presidente de la fundación, licenciado Andrés Fortunato Victoria, recordó hoy en rueda de prensa en un restaurant de la capital, que ese proyecto tiene 20 años en las cámaras legislativas conociéndose sin resultado alguno.
“Escuchando el esperanzador discurso que pronunciara a toda la Nación el señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, donde conminó a los senadores y diputados a aprobar a la mayor brevedad posible esas importantes leyes, nosotros respaldamos ese pedido”, señaló.
Agregó, “por eso la Fundación de Militares Constitucionalistas de Abril del 1965 exige a la Junta dar un plazo de 30 días al Congreso para que apruebe dichas leyes, de lo contrario, que asume la reglamentación para las próximas elecciones del año 2020”.
En otro orden, el vocero de los militares constitucionalistas exigió al Congreso Nacional a ejercer sus funciones en materia de fiscalizador del Estado.
“El llamado es para que, amparado en el numeral 2, del artículo 93 de la Constitución, ejerza sus atribuciones en materia de fiscalización y control, para que apruebe o rechace el estado de recaudación e inversión de las rentas que acaba de presentarle el Ejecutivo en esta primera legislatura ordinaria y que determine si ese informe está conforme a las disposiciones de la Ley, como muy bien lo establecen las letras a) y d) del referido artículo”, indicó.
Explicó que el espíritu de esta solicitud a los legisladores es para comenzar a demostrar al país que es un poder independiente y apegado al fortalecimiento de la democracia.
Solicitó, tanto al Poder Ejecutivo, como al Legislativo, que hagan una realidad lo contenido en los arts. 245 y 246 de la Constitución, entre otros, para que funcione el sistema de contabilidad único, uniforme, integrado y armonizado de todas las instituciones, sean estas autónomas o no.
“A fin de que el control y fiscalización de los fondos públicos, por parte del Congreso, la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de República sean más eficiente, en un momento en que hay que tomar en cuenta las grandes amenaza, para la economía debido a que tenemos las recaudaciones más baja de la región, con un 45%, de acuerdo a la DGII y además tenemos la amenaza de que la deuda pública puede representar un 57% del PIB, dentro de cinco año, de acuerdo al FMI”, observó.
Por Orlando Arias