@abrilpenaabreu
A los padres de Elisa Muñoz y Joel Díaz les mataron a sus hijos cuando los muchachos regresaban de un culto en Villa Altagracia. Una patrulla policial abrió fuego contra el carro en que viajaban. Y mientras esas familias enterraban a dos jóvenes que apenas llevaban dos meses de casados, ya se hablaba de una supuesta confusión.
Conviene recordar el testimonio de uno de los sobrevivientes. Los agentes les hicieron parada, les apuntaron y empezaron a disparar.
En un país con un mínimo de sentido de justicia, la propia Policía debió dar el primer paso para reparar a esas familias. Aquí les tocó a los padres pelear la indemnización en los tribunales. El caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia. Y ahora, según denunció su abogado, José Martínez Hoepelman, ha pasado más de un año desde que quedó firme la sentencia que les reconoció diez millones de pesos, y todavía están esperando que la Policía les pague. ¿Cuántas veces tienen que ganar el mismo caso?
La Policía Nacional se está pasando. Y lo peor es que esa costumbre de pasarse las sentencias por el arco del triunfo tiene historia en la administración pública dominicana. En 2023, cuando todavía presidía el Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara puso cifras a lo que venía denunciando hacía años. De 106 sentencias de esa corte que seguían sin cumplirse, 61 estaban pendientes de instituciones del Poder Ejecutivo. El propio presidente del tribunal había reclamado herramientas legales para hacer cumplir lo juzgado. Imagínense entonces lo que le toca a un padre.
Al ciudadano se le exige que respete la ley y que, cuando sufra una injusticia, acuda a los tribunales. Eso hicieron estas familias. ¿Con qué autoridad les pide el Estado que confíen en la justicia si, después de ganar, tienen que acudir a la prensa para que la Policía cumpla? Un país cuyo funcionariado se permite ignorar a sus jueces es dichoso de que todavía funcione. Cada funcionario que trata una sentencia como si fuera opcional rompe su parte del contrato social.
A la Dirección de la Policía Nacional le corresponde explicarles a esas familias por qué han esperado tanto y pagarles lo que ordenó el tribunal. Ya enterraron a sus hijos. Ya pelearon en justicia. Dejen de abusar.



