@abrilpenaabreu
¿Cuántas vidas tiene un gato? Dicen que siete. Pero Carlos José Troche Rodríguez, conocido como Nino Dollar, parece demostrar que en República Dominicana algunos tienen todavía más.
Una vida para una detención por armas, otra para los señalamientos relacionados con presuntos fraudes electrónicos, otra para un operativo contra una supuesta estructura criminal, otra para una garantía económica, otra para salir nuevamente a la calle y ahora, quizás, una más para que, después de matar a un padre y a su hija, detenerse, volver a acelerar, arrastrar a las víctimas y abandonar la escena, el sistema intente despachar el expediente como un simple caso de tránsito.
Mientras él acumula oportunidades, Wilmer Ernesto Rodríguez Silverio y su hija Wilkaren Massiel Rodríguez Batista perdieron la única vida que tenían. Arianna Michelle Ciprián sobrevivió, pero con ambas piernas fracturadas y la posibilidad de enfrentar consecuencias permanentes.
Tres víctimas, dos muertos, un video, un responsable.
Y una justicia que, a juzgar por lo ocurrido hasta ahora, parece tener dificultades para comprender lo que cualquier dominicano puede ver sin necesidad de estudiar Derecho.
La madrugada del 15 de agosto, Nino Dollar embistió la motocicleta en la que viajaban las víctimas en la intersección de las avenidas Abraham Lincoln e Independencia.
No fue solamente el golpe, después del impacto, el vehículo se detuvo y luego volvió a avanzar, con las víctimas debajo, arrastrándolas, la escena está grabada, es una interpretación, no es un cuento de terceros, no es una conjetura, es lo que ocurrió.
Y por eso llamar a esto un simple accidente de tránsito es una indecencia institucional, porque una cosa es perder el control de un vehículo, otra es detenerse después de impactar a seres humanos y decidir continuar.
Una cosa es una colisión, otra es arrastrar cuerpos, una cosa es una imprudencia, otra es abandonar el lugar dejando muertos y heridos.
Hay una diferencia entre un accidente y lo que sucede cuando alguien tiene unos segundos para detenerse definitivamente, auxiliar, pedir ayuda y asumir lo ocurrido, pero elige continuar.
En esos segundos caben muchas cosas, cabe la conciencia, cabe la indiferencia, cabe el miedo, cabe la decisión y sobre todo, cabe la responsabilidad.
Pero aparentemente no caben en el expediente de quienes quieren tratar esta barbaridad como una cuestión de tránsito.
Para colmo, según la documentación citada en el proceso, Nino Dollar no tenía licencia de conducir.
O sea: un hombre con investigaciones anteriores, bajo medidas de coerción por otro caso, se desplazaba en un vehículo sin licencia, posiblemente bajo el influjo del alcohol y terminó matando a dos personas.
Después abandonó la escena y dos días más tarde se presentó ante las autoridades.
Sobre el alcohol circulan señalamientos. Sería irresponsable afirmarlo como un hecho probado, precisamente porque al entregarse después ya no existía una forma confiable de determinar mediante una prueba de alcoholemia cuál era su condición cuando ocurrió la tragedia.
La sospecha permanece, la evidencia biológica desapareció con el tiempo y esa circunstancia debería escandalizar tanto como el resto.
Porque abandonar la escena no solamente deja a las víctimas sin auxilio.
También puede impedir que las autoridades establezcan si el conductor estaba bajo los efectos del alcohol u otras sustancias.
Es decir: quien huye puede terminar beneficiándose del tiempo que tarda en aparecer.
Qué maravilla de sistema, qué extraordinaria recompensa para el irresponsable.
Qué mensaje tan claro para el próximo desaprensivo: si atropellas a alguien, no te detengas; desaparece lo suficiente y quizás después resulte imposible probar en qué condiciones conducías.
Y mientras tanto, los familiares que recojan los pedazos, pero el caso de Nino Dollar no comienza en esa madrugada.
Ese es precisamente el problema, su nombre ya había aparecido antes. En 2022 fue detenido, por el presunto porte de un arma sin documentación.
En 2023, la propia Policía Nacional informó que fue arrestado en Puerto Plata durante un operativo contra presuntos “chiperos”. En aquella intervención se ocuparon armas, aparatos electrónicos y sustancias bajo investigación.
En mayo de 2026 volvió a figurar entre los detenidos durante una intervención en San José de las Matas contra una presunta estructura delictiva.
La Policía informó que en ese operativo fueron arrestadas 17 personas y se incautaron un fusil, dos pistolas, municiones, teléfonos, vehículos y sustancias presumiblemente narcóticas.
No estamos diciendo que haya sido condenado por esos hechos, no estamos confundiendo investigación con sentencia.
Pero tampoco estamos obligados a fingir que se trata de un ciudadano completamente ajeno a los expedientes judiciales.
Por aquel proceso recibió una garantía económica de RD$500,000, presentación periódica e impedimento de salida del país y siguió en libertad.
Una libertad que este medio ha defendido para muchos investigados porque la prisión preventiva no debe convertirse en castigo anticipado.
Pero aquí hay que decirlo sin maquillaje: no todos los casos son iguales, no todos los imputados representan el mismo riesgo y no todas las circunstancias permiten seguir repartiendo oportunidades como si fueran caramelos.
Una sociedad no puede exigirle al Estado que proteja a sus ciudadanos mientras acepta que individuos recurrentemente vinculados a investigaciones graves sigan circulando con una tranquilidad que el resto del país no puede darse.
Nino Dollar no era un nombre desconocido, no era una primera alerta, no era una primera detención, no era un primer expediente y sin embargo, siempre parece existir una puerta por donde salir.
Siempre una medida más cómoda, simpre una oportunidad adicional, siempre una explicación, siempre una vida extra.
Por eso resulta inevitable preguntarse qué habría ocurrido si, mientras se investigaban los hechos anteriores, las autoridades hubiesen considerado que este hombre debía permanecer bajo resguardo.
No podemos retroceder el tiempo, pero sí podemos afirmar algo elemental: si hubiese estado privado de libertad, no habría conducido esa camioneta aquella madrugada.
Y Wilmer y Wilkaren no habrían sido atropellados por él, eso no es especulación. Ahora, para terminar de ponerle la tapa al pomo, el juez Rigoberto Sena decidió remitir el caso al tribunal de tránsito.
Tránsito… dos muertos … una sobreviviente gravemente lesionada.
Una persona conduciendo sin licencia, de acuerdo con el expediente, un semáforo que habría sido violentado, un vehículo que se detuvo y volvió a avanzar, cuerpos arrastrados, abandono de la escena, investigaciones anteriores, medidas de coerción vigentes por otro proceso.
¿Y la respuesta es tránsito? No estamos ante un espejo retrovisor roto, no estamos ante un roce en un parqueo.
No estamos ante dos conductores discutiendo por quién tenía la vía.Estamos ante una tragedia que exige examinar todas sus circunstancias, incluyendo la conducta posterior al impacto y la posibilidad de una responsabilidad penal más severa.
Precisamente para situaciones como esta debería servir un sistema judicial capaz de diferenciar entre una imprudencia ordinaria y una actuación que, después del choque, revela una indiferencia brutal frente a la vida humana.
Y precisamente aquí existía una oportunidad para demostrar que el nuevo Código Penal no llegó solamente para llenar discursos, ruedas de prensa y páginas oficiales.
Había una oportunidad para probar que las herramientas legales pueden utilizarse para responder con contundencia cuando un conductor convierte un vehículo en un instrumento de destrucción.
Pero parece que, otra vez, el gato cayó de pie.
Mientras tanto, República Dominicana sigue viviendo una epidemia de violencia vial. Todos conocemos la historia, conductores sin licencia, semáforos ignorados, motocicletas destrozadas, víctimas abandonadas, familias destruidas.
Y responsables convencidos de que, con un buen abogado, una garantía económica y suficiente indiferencia institucional, todo terminará siendo un inconveniente administrativo.
Después nos preguntamos por qué nadie respeta las normas, nos preguntamos por qué tantos conductores creen que pueden hacer lo que les dé la gana.
Nos preguntamos por qué las calles dominicanas parecen un campo de batalla, la respuesta está frente a nosotros.
Porque cuando el sistema trata con suavidad hechos atroces, también educa, educa al próximo conductor irresponsable, educa al próximo que se pasa un semáforo, educa al próximo que decide huir.
Y le enseña que una vida humana puede terminar valiendo menos que una garantía económica.
Aquí nadie está pidiendo una condena sin juicio, pero tampoco vamos a insultar a las víctimas fingiendo que no sabemos quién conducía, qué hizo ni cómo terminó todo.
Lo que se reclama es una investigación seria, una calificación jurídica proporcional a la gravedad de los hechos y una medida de coerción que responda al riesgo real que representa el imputado.
Porque proteger el debido proceso no significa proteger la impunidad y defender garantías no obliga a convertir la sensatez en complicidad.
Nino Dollar parece tener una mano divina sobre la cabeza, una que lo acompaña cuando aparecen armas.
Una que lo acompaña cuando llegan los allanamientos, una que lo acompaña cuando surgen investigaciones, una que lo acompaña cuando se fijan medidas de coerción y una que ahora podría acompañarlo incluso después de dejar dos muertos sobre el pavimento.
Pero habría que preguntarse dónde estaba esa mano para Wilmer, dónde estaba para Wilkaren, dónde está para Arianna.
Dónde está para las familias que deberán aprender a vivir con una ausencia que ningún tribunal podrá reparar.
Porque la justicia puede estar vendada , lo que no puede estar es arrodillada y porque en este país ya estamos cansados de que ciertos personajes siempre encuentren la forma de salvarse mientras el resto solo aparece en la estadística de los fallecidos.
¿Cuántas vidas tiene un gato? Nino Dollar parece tener siete … Wilmer y Wilkaren solo tenían una.
