ElPregoneroRD- El presidente Luis Abinader anunció este domingo un paquete de 15 medidas para enfrentar la migración irregular y, en sus palabras, “garantizar la soberanía nacional”. Pero más allá del detalle de cada acción —refuerzo militar, controles hospitalarios, dominicanización del empleo o sanciones legales—, hay un hecho político que no debe pasar desapercibido: estas medidas no surgieron en un vacío técnico, sino como respuesta directa a una presión social creciente, y mandatario suele poner el oído en las quejas de la gente.
Durante meses, la opinión pública —en la calle, en los medios, en las redes— venía marcando el pulso. La ciudadanía pedía control, orden, y una respuesta firme ante una situación que muchos ya consideran insostenible. Fue esa presión la que terminó por conminar al gobierno a actuar.
Y en ese sentido, este paquete de acciones no solo es un giro institucional, sino también un reflejo del poder de una sociedad cuando exige, insiste y no suelta el tema. El gobierno —que hasta hace poco mantenía una postura más contenida, aunque firme—terminó dándole al pueblo lo que estaba pidiendo: más control fronterizo, endurecimiento legal, y vigilancia sobre los servicios públicos, al menos en papel, la ejecución es otro tema, ya que tal y como advirtió el propio mandatario, el anuncio no basta. Ahora hay que ocuparse de que las medidas se cumplan. Y cumplirlas no será fácil, porque hay sectores —económicos, políticos, institucionales— que inevitablemente saldrán lastimados.
Habrá resistencia. Desde empresarios que dependen de mano de obra barata, hasta funcionarios que ven en la debilidad migratoria una oportunidad para enriquecerse. También habrá presión internacional, organismos que observarán con lupa cada decisión que roce derechos fundamentales. Y, por supuesto, están las personas migrantes que viven del otro lado de la legalidad, muchas de ellas atrapadas entre la necesidad y la desprotección.
Y aquí hay que decirlo sin rodeos: el ciudadano común también es parte del problema cuando contrata, alquila, vende o intermedia con personas en situación migratoria irregular. La responsabilidad no es solo del Estado. Es también individual. Porque exigir que se aplique la ley mientras se lucra o se acomoda al margen de ella, no es coherencia: es doble moral. La ciudadanía no solo debe exigir y vigilar. También debe revisar su propio rol.
La frontera ya no es solo una línea geográfica: es también una frontera ética, legal y política. Y cruzarla —o defenderla— definirá mucho más que el presente de nuestra relación con Haití. Definirá el futuro de nuestra coherencia institucional.
