Por Kelvin Ortiz Faña
La destitución de Rafael Santos Pérez como director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), mediante el decreto 652-25, no es un hecho aislado ni una decisión improvisada del presidente Luis Abinader. Es, más bien, el punto final, y tardío, de una gestión marcada por la improvisación, la falta de criterios técnicos y una desconexión evidente entre el liderazgo institucional y las demandas reales del transporte masivo en la República Dominicana.
La salida de Santos Pérez llega apenas días después del histórico apagón nacional que dejó al país en penumbras por más de ocho horas y que paralizó por completo las dos líneas del Metro de Santo Domingo. Un evento crítico, sin precedentes en su magnitud, que expuso de manera brutal las debilidades acumuladas dentro de una OPRET que, lejos de fortalecerse, operaba en piloto automático.
Durante su gestión, Santos Pérez se dedicó más a la dimensión administrativa y política de la OPRET que a garantizar la eficiencia, mantenimiento y seguridad del sistema de transporte más importante del país. El Metro y el Teleférico, que deberían ser ejemplos de estabilidad y planificación, vivieron retrasos, fallas recurrentes y una evidente falta de supervisión que hoy pasan factura.
La narrativa oficial era siempre optimista: ampliaciones futuras, proyectos anunciados, contratos en curso. Pero los usuarios vivían otra realidad: estaciones congestionadas, trenes con problemas de frecuencia, teleféricos vacíos en otros puntos del país y un sistema cuya estructura interna se debilitaba silenciosamente.
La noche del martes no solo se fue la luz; también se apagó la ilusión de que todo estaba bajo control. El colapso del Sistema Eléctrico Nacional dejó expuesto lo mal preparado que estaba el Metro ante un escenario de emergencia. Los trenes quedaron paralizados sin un plan de contingencia operativo, los protocolos fallaron y la comunicación institucional fue deficiente.
Esa vulnerabilidad no surge de un día para otro. Es el resultado de años de falta de mantenimiento estratégico, de decisiones desacertadas, de ausencia de liderazgo técnico y de prioridades que no siempre respondían al bienestar del usuario.
La designación de Jhael Isa Tavárez como nuevo director de la OPRET plantea grandes oportunidades, pero también grandes desafíos. El país necesita mucho más que un cambio de nombre. Requiere planificación seria, orden institucional y un liderazgo capaz de devolverle al Metro y al Teleférico la estabilidad y previsibilidad que los ciudadanos necesitan.
Isa Tavárez llega con la responsabilidad de reconstruir la confianza pública y de demostrar que la OPRET puede ser, nuevamente, una institución modelo. Pero también debe evitar caer en la concentración excesiva de poderes que hoy preocupa a técnicos, legisladores y ciudadanos: diseñar, contratar, construir y supervisar bajo un mismo techo es un caldo perfecto para la discrecionalidad.
La destitución de Rafael Santos Pérez no es un triunfo político ni una simple reestructuración. Es una advertencia. Es la prueba de que el país no puede permitir que instituciones críticas como la OPRET se manejen sin rigor técnico ni visión de Estado.
El Metro de Santo Domingo es, literalmente, la columna vertebral de la movilidad urbana moderna. No merece improvisaciones. No merece gestiones que lo debiliten. No merece más titulares de crisis que de avances.
Hoy, más que culpar, toca aprender. Y sobre todo, corregir.
Porque la movilidad de un país no se improvisa; se planifica, se cuida y se respeta. Y eso, lamentablemente, fue lo que faltó en la gestión de Rafael Santos Pérez.
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