República Dominicana exhibe, desde hace más de dos décadas, uno de los desempeños de crecimiento más sólidos de América Latina, reconocido por los organismos internacionales en repetidas ocasiones que el país lidera el crecimiento del PIB en la región, por delante de economías como Panamá, Chile o México.
Sin embargo, tenemos la otra cara de la moneda, el Estado dominicano recauda poco, se endeuda de manera creciente y sostiene un mercado laboral donde más de la mitad de los trabajadores permanece fuera de la formalidad.
Estos tres fenómenos: baja presión tributaria, deuda pública en ascenso e informalidad laboral persistente no son hechos aislados, sino que se retroalimentan y configuran el principal desafío de sostenibilidad fiscal para el futuro cercano, es decir, la proporción del PIB que efectivamente se convierte en ingresos fiscales.
Según las informaciones de 2025 divulgada por el Ministerio de Hacienda y Economía, los ingresos del sector público dominicano ascendieron a RD$1.246 billones, equivalentes al 15.6% del PIB esperado para ese año, con un crecimiento interanual de apenas 2.8%.
Ese desempeño estuvo impulsado principalmente por el impuesto sobre la renta y por un mayor aporte del sector minero ante el alza del precio internacional del oro, siendo nosotros uno de los países de la región con mejor tributación, cuando el promedio de AL que alcanza el 22% según Cepal, de acuerdo a datos de la OCDE, en 2023 el 94.7% de la presión tributaria del país provino exclusivamente de impuestos, el porcentaje más alto de la región, frente a un promedio latinoamericano de 77.3%. Esto se debe a que el sistema de pensiones dominicano funciona bajo un esquema de capitalización individual, cuyos recursos no ingresan al presupuesto del Estado, sino que se administran fuera de las cuentas públicas.
Los RD$913,810.6 millones recaudado durante todo el año 2025, solo representó un incremento de un 8.7% respecto al año anterior, otro componente de esta ecuación es la deuda pública, según la Dirección General de Crédito Público, la deuda del Sector Público No Financiero (SPNF) cerró 2025 en 47.9% del PIB, frente a 46.3% el año anterior y en lo que va de año asciende a unos US$ 84,627.3 millones consolidada el 60.1% PIB.
Diez años atrás, en 2016, ese mismo indicador se ubicaba en 36.9% del PIB, lo que significa un incremento de 25 puntos porcentuales en una década, sin embargo, una cifra más amplia y menos difundida que conviene aclarar al sumar la deuda del propio Banco Central de la República Dominicana (BCRD) equivalente a 19.7% del PIB, unos US$ 16,631.7 generada en buena parte por su recapitalización Y el restante de US$ 67,99.5 el cual representa el 80.3 del PIB de la deuda pública consolidada corresponde al sector no financiero.
El diagnóstico más inquietante no es el nivel de la deuda en sí, sino su velocidad de crecimiento en relación con la economía. Según informaciones recientes basada en cifras del Banco Central señala que el crecimiento nominal de la economía dominicana durante 2025 avanzó prácticamente al mismo ritmo que el aumento de la deuda del SPNF, de modo que el crecimiento económico del país fue, en la práctica, absorbido por el aumento de sus compromisos financiero en lugar de traducirse en una reducción de la carga relativa de la deuda, el cuan nos indica que de seguir esta tendencia advierte que el pago de intereses de la deuda establecida cerca de un 4% del PIB para este año ( 2026), continuará aumentando si no se corrige el rumbo, aunque debemos decir que pesar de dicha situación , las calificadoras de riesgo mantienen una visión relativamente estable sobre el país: Fitch Ratings sostiene la calificación de República Dominicana en BB- con perspectiva positiva, Moody’s la ubica en Ba2 con perspectiva estable y Standard & Poor’s en BB, también estable, niveles que aunque dentro del rango de grado especulativo se mantienen por encima de la mayoría de los países centroamericanos comparables.
Otro elemento a considerar y quizás el más determinante para explicar por qué la recaudación no despega, es la informalidad laboral; según la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) que elabora el Banco Central, la tasa de informalidad promedió 54.1% durante 2025, 1.4 puntos porcentuales por debajo del 55.5% registrado en 2024, resultado de que el 98.5% de los nuevos empleos generados ese año fueron de carácter formal. Se trata, según el propio Banco Central, de una mejora sostenida desde el máximo histórico de 58.9% alcanzado durante la pandemia, aunque el país se mantiene todavía en torno a la media de América Latina, región donde la informalidad afecta en promedio a cerca de 46% de los ocupados, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
No obstante, los datos más recientes disponibles correspondientes al primer trimestre de 2026 muestran una señal de alerta y es que de los 118,631 nuevos ocupados que generó la economía dominicana entre enero y marzo de 2026 frente a igual período del año anterior, el 82.7% correspondió a empleos informales, revirtiendo parcialmente el avance logrado en 2025 y llevando la tasa de informalidad de 53.4% a 54.1% en apenas doce meses estableciendo que la formalización laboral dominicana, lejos de ser una tendencia consolidada, sigue siendo vulnerable a los ciclos económicos y a la composición sectorial del nuevo empleo.
Entonces que vemos en esta información; que para fin de aporte a las recaudaciones fiscales el empleo no garantiza mejorar su aporte, admitido por la propia OIT quien ha señalado que la informalidad conlleva una menor capacidad recaudatoria, en la medida en que millones de trabajadores y las empresas para las que laboran permanecen fuera del Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) y no generan comprobantes fiscales ni aportes formales. Es precisamente ese vínculo el que cierra el círculo: una economía con más de la mitad de su fuerza laboral operando fuera del sistema formal difícilmente puede ampliar su base tributaria mediante impuestos sobre la renta o la nómina, lo que empuja al Estado a depender de impuestos indirectos como el ITBIS que gravan el consumo de manera más regresiva, o bien a financiar el déficit resultante mediante endeudamiento.
Ahora visto en conjunto, estos indicadores dibujan un mismo patrón: una presión tributaria de apenas 15-16% del PIB muy por debajo del promedio regional de 22% que resulta insuficiente para financiar el gasto público sin recurrir sistemáticamente al endeudamiento; una deuda pública que, en su medición consolidada, ya roza el 61% del PIB y que crece a un ritmo similar al de la propia economía, lo que impide que el crecimiento reduzca naturalmente el peso relativo de la deuda; y una informalidad laboral de alrededor de 54%, que actúa como techo estructural para cualquier intento de ampliar la base tributaria por la vía del empleo formal.
Esta realidad es reconocida por Ministerio de Hacienda, en sus documentos técnicos, que el gasto tributario, es decir, las exenciones, deducciones y regímenes especiales que reducen la recaudación potencial represento para 2025 un monto equivalente a 4.73% del PIB, una cifra que, de recaudarse en su totalidad, elevaría sustancialmente la presión tributaria del país sin necesidad de crear nuevos impuestos. Esto explica por qué buena parte del debate nacional sobre la reforma fiscal dominicana gira menos en torno a subir tasas impositivas y más en torno a reducir exoneraciones, formalizar la economía y mejorar la eficiencia recaudatoria de instituciones como la DGII, que en 2025 superó sus propias metas de recaudación por encima del 100% de cumplimiento, sin que ello haya sido suficiente para revertir la tendencia de fondo.
Fuente consultadas
- Ministerio de Hacienda y Economía de la República Dominicana (hacienda.gob.do)
- Dirección General de Crédito Público (creditopublico.gob.do)
- Dirección General de Impuestos Internos, DGII (dgii.gov.do)
- Banco Central de la República Dominicana, Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (bancentral.gov.do)
- Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, CREES (crees.org.do), con datos de la OCDE
- Organización Internacional del Trabajo (OIT), Panorama Laboral 2025
- Fondo Monetario Internacional (FMI)
- Presidencia de la República Dominicana
