@abrilpenaabreu
El escándalo de SENASA lacera el alma hasta del más duro. No se trata de un robo común: es la acusación de que, mientras miles de dominicanos luchaban por conseguir la aprobación de un medicamento, una prueba o una simple proteína médica para un envejeciente, otros —desde dentro— supuestamente se dedicaban a desviar lo que le pertenece a los más vulnerables. Proteínas para viejos. Medicamentos. Servicios cobrados sin existir.¿Hay algo más cruel que robarle al que depende del sistema para sobrevivir?
Las historias abundan: pacientes encamados obligados a presentarse en persona porque «cambiaron el protocolo» familias enteras peregrinando por días para que les aprueben lo básico, si es que lo hacían, usuarios que se sentían castigados por pedir lo que la ley les reconoce, suplidores enganchados por falta de pago y entre la espada y la pared o pagan sobornos o no podían ser contratados. Y ahora entendemos por qué. Cuando la institución encargada de proteger la salud de millones se convierte —supuestamente— en un botín, el sufrimiento no solo se multiplica: se vuelve política pública del abuso.
Este caso no solo avergüenza a SENASA, pusieron de mojiganga no solo al presidente, sino a todo un país que creyó, que defendió, que confió en la palabra oficial y en los informes que presentaban una gestión intachable. Una vez más queda demostrado que se puede ser brillante como profesional y, aun así, fallar estrepitosamente como ser humano. La ética no se mide en títulos ni en congresos internacionales: se mide en la capacidad de no robarle al más débil.
Es una bofetada a quienes confiaron, una bofetada a los ciudadanos, una pérdida profunda de fe en la bondad intrínseca del ser humano, otro golpe a una imagen gubernamental que ya arrastra grietas importantes, más desconfianza al sistema de partidos políticos y de colofón en la sociedad civil, que una vez más demuestra que se enquistan en los espacios de poder y son igual o peor que aquellos a quienes criticaban.
Ahora, el Poder Judicial enfrenta una prueba monumental, esta vez, el país no está en condiciones de tolerar los tejemanejes, los negociados discretos ni la morosidad consuetudinaria que adornan demasiados procesos judiciales. La gente está cansada, escéptica y con razón.
Y lo más terrible de todo es saber —porque el país lo sabe— que falta gente por caer.
SENASA no es una institución cualquiera, es la única esperanza real para millones de dominicanos que no pueden pagar un seguro privado. Robarle a ellos es robarle al país entero y no hay maquillaje institucional que pueda disimular una traición de ese tamaño.
La justicia tiene ahora una oportunidad: demostrar que la ley se respeta de arriba abajo, sin importar apellidos, cargos ni prestigios acumulados. Esta vez, o se recupera la confianza… o se termina de enterrar.
