@abrilpenaabreu
En apenas 60 días del año, 418 personas han perdido la vida en accidentes de tránsito en República Dominicana. Marzo apenas comienza y la cifra ya refleja una realidad que el país lleva demasiado tiempo arrastrando: nuestras carreteras continúan siendo uno de los lugares más peligrosos para vivir.
Detrás de cada número hay historias humanas. Familias que pierden a un padre, una madre o un hijo; hogares que quedan marcados para siempre por una tragedia que, en muchos casos, pudo haberse evitado.
El problema no es nuevo, tampoco es un misterio, durante años se han anunciado planes de seguridad vial, operativos especiales y campañas de concienciación, pero los resultados siguen siendo limitados. La imprudencia al volante, el irrespeto a las normas de tránsito y la débil fiscalización continúan formando parte de la rutina diaria en calles y carreteras del país.
Sin embargo, reducir la crisis únicamente a un problema de comportamiento ciudadano sería una simplificación peligrosa, también existe una responsabilidad institucional.
La ley contempla mecanismos que deberían fortalecer la investigación de los accidentes de tránsito, incluyendo la creación de unidades técnicas especializadas para analizar siniestros viales. Estos levantamientos son fundamentales para determinar responsabilidades y garantizar que los procesos judiciales puedan aplicar las sanciones correspondientes.
En la práctica, esas herramientas no siempre están disponibles ni funcionan con la eficacia que exige la magnitud del problema.
Pero incluso si la ley se aplicara con todo su rigor, existe otro obstáculo que el país debe discutir con seriedad: el marco legal dominicano en materia de tránsito sigue siendo excesivamente laxo.
Las penas por causar la muerte en un accidente de tránsito continúan siendo relativamente bajas, incluso en circunstancias agravantes. Casos en los que se comprueba el consumo de alcohol o drogas al momento de conducir —situaciones que en muchos países implican sanciones severas— pueden terminar en condenas limitadas que difícilmente generan un efecto disuasivo real.
Esta combinación de fiscalización débil y sanciones moderadas termina enviando un mensaje peligroso: que violar las normas de tránsito rara vez tiene consecuencias proporcionales al daño causado.
A esto se suma la ausencia de una verdadera cultura de seguridad vial, en República Dominicana todavía es frecuente ver vehículos que ignoran semáforos, motocicletas que circulan sin casco, conductores que exceden los límites de velocidad o utilizan el teléfono mientras manejan. Son conductas que, acumuladas, terminan convirtiendo la movilidad diaria en un riesgo permanente.
La situación adquiere además una dimensión adicional cuando entre las víctimas aparecen visitantes extranjeros. No porque sus vidas valgan más que las de los dominicanos, sino porque un país que aspira a consolidarse como destino turístico de primer nivel necesita garantizar condiciones mínimas de seguridad en sus vías.
Las cifras actuales deberían servir como una señal de alerta, la seguridad vial no puede seguir tratándose como un problema secundario ni como un asunto que se aborda únicamente en fechas específicas o durante operativos temporales.
Requiere instituciones capaces de fiscalizar, investigaciones técnicas sólidas, sanciones efectivas y una educación vial sostenida en el tiempo.
Mientras esos elementos no funcionen de manera integral —y mientras la legislación no refleje la gravedad de las consecuencias que provocan estas conductas— las estadísticas seguirán repitiéndose cada año y el país seguirá lamentando tragedias que, en muchos casos, pudieron haberse evitado.
