La seguridad jurídica está en juego: el caso Cormidón

Por Abril Peña

El Pregonero-Distrito Nacional, En la República Dominicana, existe un creciente riesgo económico y social para los inversores extranjeros y potenciales nuevos inversionistas en el país. En un comunicado oficial, la Corporación Minera Dominicana (CORMIDOM) anunció la suspensión de sus operaciones en la mina Cerro de Maimón con el objetivo de proteger la integridad de sus empleados y garantizar el futuro de la empresa en medio de una situación extrema y de fuerza mayor. Esta decisión, tomada por los accionistas de CORMIDOM, ha sido comunicada al sindicato y se ha iniciado el correspondiente proceso legal.

Sin embargo, es necesario preguntarse quién es Rubén García, también conocido como «Macho», y por qué está poniendo en peligro los empleos formales de 710 ciudadanos de la provincia de Monseñor Nouel. Además, está evitando que el Ayuntamiento de Maimón recaude arbitrios por un monto estimado mensual de RD$29,000,000.00.

 

Es alarmante que una sola persona, como Rubén García alias «Macho», tenga tanto poder como para poner en riesgo una inversión de US$874 MILLONES DE DÓLARES, la cual incluye bonificaciones por valor de RD$30,000,000.00, sin mencionar las contribuciones a la Seguridad Social (TSS) y a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

 

Resulta crucial comprender quién es Rubén García alias «Macho» y que este individuo no parece entender la trascendencia de sus acciones. No parece darse cuenta de que la provincia de Monseñor Nouel es una de las más necesitadas en términos sociales y está generando una situación no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, afectando la credibilidad del país ante posibles inversores extranjeros interesados en invertir en la República Dominicana.

 

Este señor está causando efectos negativos en la sociedad al liderar el sindicato de Trabajadores de la Corporación Minera Dominicana (CORMIDOM), lo que implica una gestión sumamente irresponsable de los intereses de los empleados de dicha empresa. Algunos de los efectos negativos de su liderazgo en el sindicato incluyen un conflicto laboral prolongado e innecesario, el uso desproporcionado de influencia política, discriminación y exclusión laboral, y una rigidez laboral excesiva que afecta la competitividad.

 

El gobierno no puede permitir que el manejo irresponsable de un ciudadano, bajo el disfraz de ser un sindicalista, provoque situaciones indeseables de carácter social, económico, político e incluso de seguridad ciudadana.

 

Ysrael Abreu Rosario es Director de la Comisión Económica del PRD.


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