Luis matias
Economista
La República Dominicana atraviesa un momento histórico en el que las cifras macroeconómicas positivas conviven con un creciente malestar social, tensiones institucionales y una ciudadanía que exige mejores servicios públicos y mayor integridad en la administración estatal. Este contraste entre la narrativa oficial del progreso y la experiencia cotidiana define el punto de inflexión actual: lo que está en juego no es solo el desempeño económico, sino el modelo de desarrollo, la fortaleza del Estado y la confianza ciudadana en la democracia.
Durante las últimas décadas el país ha consolidado un marco democrático estable, con elecciones periódicas y transiciones políticas ordenadas. Sin embargo, estabilidad institucional no es sinónimo de fortaleza institucional, el clima político actual está marcado por una erosión creciente de la confianza pública. Las denuncias de irregularidades administrativas, los casos que involucran a figuras vinculadas a actividades ilícitas y las dificultades crónicas en instituciones clave como los servicios públicos esenciales, las oficinas administrativas saturadas o los sistemas de seguridad y transporte alimentan la percepción de que el Estado dista de operar con la eficiencia y transparencia que prometen los discursos oficiales.
La población observa con preocupación la brecha entre el discurso gubernamental y la vida diaria, aunque las autoridades destacan avances en materia de anticorrupción, muchos ciudadanos perciben una rendición de cuentas selectiva, reformas institucionales lentas y la persistencia de viejas prácticas de favoritismo político; este contexto no genera una crisis de gobernabilidad inmediata, pero sí provoca un desgaste acumulado que reduce la legitimidad política y aumenta la presión social por cambios profundos.
Desde la perspectiva económica, uno de los elementos más llamativos es la contradicción entre los indicadores macroeconómicos y la realidad cotidiana de las familias. La economía mantiene un dinamismo importante, impulsada por sectores como turismo, remesas, construcción e inversión extranjera directa respaldada por los organismos multilaterales que continúan situando al país entre los mercados más estables y de mayor crecimiento de la región. Sin embargo, este crecimiento no se ha traducido de forma equilibrada en bienestar social.
La población enfrenta incrementos sostenidos en los precios de alimentos, transporte, vivienda y servicios básicos, mientras los salarios reales se mantienen rezagados, incapaces de compensar el alto costo de la vida, la informalidad laboral, que supera el 50 % de la población ocupada, limita la movilidad social y reduce la capacidad del Estado para ampliar su base fiscal. A ello se suma el aumento sostenido de la deuda pública, que estrecha el margen para inversiones de alto impacto y reaviva el debate sobre su sostenibilidad con un modelo productivo que continúa apoyándose en sectores de baja productividad y con alta vulnerabilidad ante choques externos, lo que evidencia la necesidad de una transformación estructural.
Mientras las estadísticas muestran crecimiento, muchos ciudadanos sienten que no avanzan al mismo ritmo que la economía. Esta desconexión entre los informes económicos y la vida cotidiana genera frustración y cuestionamientos legítimos sobre la dirección del país.
El malestar social se agrava por el deterioro o la insuficiencia de los servicios públicos, quizá el elemento que más influye en la percepción social del desempeño gubernamental, la calidad de esos servicios se ha convertido en el indicador más claro de la capacidad real del Estado para sostener el crecimiento y mejorar la vida de la población; en transporte y movilidad, se registran fallas y saturación; en salud, la demanda supera la infraestructura y el personal disponible; y las desigualdades territoriales continúan marcando brechas significativas entre zonas urbanas y rurales, paralelamente, la percepción de inseguridad aumenta, especialmente entre los sectores más vulnerables.
Esta presión interna se intensifica por factores externos, particularmente la crisis migratoria y humanitaria de Haití, que genera tensiones y abre debates complejos sobre la capacidad del Estado dominicano para gestionar la situación sin comprometer su estabilidad social.
Todo ello configura un escenario que afecta a toda la sociedad: la clase media tradicional motor del desarrollo siente una presión creciente, mientras los sectores vulnerables viven en permanente incertidumbre. Aun así, la historia reciente demuestra que la República Dominicana tiene la oportunidad de transformar su crecimiento en un desarrollo más equitativo, humano y sostenible. Para ello es indispensable fortalecer las instituciones, mejorar la calidad de los servicios públicos, elevar la eficiencia del gasto, combatir la corrupción con firmeza y diseñar políticas económicas que incidan de manera directa en el bienestar ciudadano.
El desarrollo no puede medirse solo en cifras; un país progresa cuando su gente progresa. Y para lograrlo, el Estado debe garantizar transparencia, servicios dignos, justicia eficiente, salud y educación accesibles, seguridad ciudadana y oportunidades reales de movilidad social.
Comprender el momento actual implica reconocer que el país cuenta con crecimiento, estabilidad y potencial, pero también enfrenta tensiones institucionales, presiones económicas y desafíos sociales que pueden limitar su avance. Se requiere un debate profundo sobre el tipo de Estado que se desea construir y sobre las reformas necesarias para que el crecimiento alcance a todos. La pregunta no es si la República Dominicana puede seguir creciendo, sino si puede convertir ese crecimiento en bienestar y confianza para toda la ciudadanía.
