@abrilpenaabreu
La Laguna de Cabral, también conocida como Laguna Rincón, es uno de los humedales más importantes de República Dominicana. Alimentó durante décadas a comunidades pesqueras, sostuvo la biodiversidad del suroeste y fue orgullo natural de Barahona. Hoy, sin embargo, agoniza. Y no por un designio de la naturaleza, sino por decisiones humanas, por omisiones institucionales y por un modelo de desarrollo que privilegia el beneficio privado frente al bien común.
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha señalado al Consorcio Azucarero Central (CAC) como principal responsable de la merma de agua, al usar casi en su totalidad el canal de Trujillo —única vía de entrada del caudal que la laguna necesita para sobrevivir. “Esta situación limita el ingreso de caudales ecológicos necesarios para la supervivencia del ecosistema”, reconoció el propio ministerio.
Pero el problema no se reduce a una empresa. Si ese canal es un bien estatal, ¿quién permitió que se usufructuara de forma casi exclusiva? La respuesta es incómoda: el Estado dominicano. A través de instituciones como el Indrhi, encargado del sistema de riego Yaque del Sur–Barahona, se ha normalizado que el agua sea priorizada para la caña de azúcar y los cultivos, dejando en segundo plano la laguna. No se trata solo de la voracidad empresarial, sino de la debilidad regulatoria y la complicidad política.
Los informes técnicos advierten que la degradación de la laguna no es nueva: construcción de canales de riego, deforestación, agricultura intensiva y alteraciones del caño Trujillo son factores acumulados. Pero lo actual es más grave: hoy se exige a la laguna sobrevivir sin el caudal ecológico mínimo que le corresponde. El resultado está a la vista: embarcaciones varadas sobre suelo seco, pescadores sin sustento, erosión visible en las orillas, comunidades empobrecidas.
En estas condiciones, el debate sobre “de quién es la culpa” es ineludible. El Consorcio Azucarero Central carga con la responsabilidad de un uso intensivo que amenaza un ecosistema vital. El Estado carga con la culpa política y moral de haberlo permitido sin garantizar compensaciones ambientales ni fiscalización efectiva. Ambos, en conjunto, son responsables de un crimen ecológico que no admite más excusas.
La Laguna de Cabral no está muriendo sola: la estamos matando. La pregunta es si como sociedad aceptaremos su defunción en silencio, o si tendremos la valentía de exigir que lo que es de todos no se convierta en propiedad de unos pocos.
