Por Abril Peña
Las constantes declaraciones de Amnistía Internacional, qua acusan a la República Dominicana de practicar xenofobia a través de su política migratoria, son no solo infundadas, sino absurdas e irresponsables y muestran un desconocimiento total de la realidad social y de la historia de la República Dominicana. Estas afirmaciones distorsionan la realidad de un país que, lejos de ser excluyente, ha aplicado medidas migratorias legítimas y necesarias para salvaguardar su soberanía y garantizar el orden interno.
En primer lugar, es importante destacar que la política migratoria dominicana responde a la necesidad de mantener el control y la seguridad en las fronteras, sin dejar de lado el respeto por los derechos humanos. Las acusaciones de xenofobia se basan en interpretaciones erróneas y generalizaciones que ignoran el contexto y las justificaciones legales que sustentan estas medidas. Mientras Amnistía Internacional se enfoca en señalar problemas, omite reconocer que cualquier Estado tiene el derecho soberano de establecer y regular sus políticas migratorias.
Además, estas declaraciones absurdas y hasta cantiflescas en ocasiones, impactan negativamente la imagen internacional de la República Dominicana. Al difundir una narrativa distorsionada, se corre el riesgo de afectar sectores vitales como el turismo y la inversión extranjera, pilares fundamentales para el desarrollo económico del país. En lugar de fomentar la colaboración y el entendimiento, este tipo de acusaciones contribuyen a sembrar dudas y a generar estigmatización hacia la política migratoria que, en esencia, busca proteger a la nación.
La respuesta del presidente Luis Abinader ha sido enérgica y decidida. Su defensa de la soberanía nacional y la reafirmación del derecho a implementar políticas migratorias estrictas pero justas, son una respuesta contundente a las críticas infundadas. Abinader ha dejado claro que el respeto a la ley y a los procedimientos migratorios no equivale a una práctica xenófoba, sino a una gestión responsable de los recursos y la seguridad nacional, aunque cabe destacar que por diversas razones el discurso no ha estado del todo aunado con la práctica ya que el sector privado por H o por R sigue reconociendo el 80/20 y sigue el trasiego de almas que permite el sin sentido de deportar 10 paga que regresen 100.
Es crucial que la opinión pública dominicana se involucre y contrarreste estas narrativas desinformadas, sin montarse en retóricas nacionalistas que se presten a confusiones. Los ciudadanos, medios de comunicación y líderes de opinión tienen la responsabilidad de difundir la verdadera realidad: una República Dominicana que respeta los derechos humanos y que, al mismo tiempo, ejerce su derecho soberano a regular su territorio. En un mundo donde la reputación internacional es fundamental para el progreso, defender la verdad es un acto de patriotismo.
En conclusión, las acusaciones absurdas y mentirosas de Amnistía Internacional sobre la política migratoria dominicana son un intento de manipulación que carece de fundamento. Es imperativo que se reconozca y defienda la integridad de nuestras políticas, que se basan en el respeto a la ley y en el interés nacional, y que se desmientan las falsas narrativas que solo buscan empañar la imagen de un país comprometido con su desarrollo y su seguridad.
