Por Luis Matias
Economista
Cuando pensamos en desarrollo económico en la República Dominicana, a menudo imaginamos grandes ciudades, centros comerciales, zonas turísticas y proyectos industriales. Sin embargo, el corazón productivo del país sigue latiendo en sus campos. Allí se cultiva el alimento que llega a nuestras mesas, se producen materias primas estratégicas y se sostiene la vida de millones de familias. Y, sin embargo, el campo ha sido históricamente relegado. La inversión rural ha quedado en un segundo plano, mientras la migración hacia las ciudades crece sin freno. Lo que debería ser una oportunidad de desarrollo equilibrado se ha convertido en un desafío estructural.
Durante siglos, distintas corrientes de pensamiento económico han ofrecido respuestas sobre cómo lograr desarrollo rural. Los economistas clásicos, como Adam Smith y David Ricardo, consideraban la agricultura como la base de la riqueza de las naciones. Desde su visión, invertir en el campo significaba aumentar la productividad, generar excedentes y financiar el desarrollo de otros sectores. En la práctica, esto se tradujo en inversiones en infraestructura básica y mejoras productivas, aunque muchas veces concentradas en sectores específicos, sin transformar la vida rural en profundidad.
El keynesianismo, que surgió en el siglo XX, planteó un rol activo del Estado. Según esta corriente, la inversión pública es un motor imprescindible para estimular la economía y corregir desigualdades. Aplicada al ámbito rural, esta visión impulsa carreteras, presas, canales de riego, crédito agrícola y programas de educación técnica. Durante los gobiernos de Joaquín Balaguer, por ejemplo, se construyeron importantes obras de infraestructura rural que dinamizaron la producción agrícola. Sin embargo, estas inversiones muchas veces carecieron de continuidad y no se acompañaron de reformas que garantizasen equidad y sostenibilidad a largo plazo.
Por su parte, los Estructuralistas Latinoamericanos, liderados por la CEPAL, argumentaron que el problema del desarrollo rural no era solo la falta de inversión, sino la concentración de la tierra, la dependencia de productos de bajo valor agregado y la persistencia de relaciones sociales desiguales. Desde esta perspectiva, el desarrollo rural requiere cambios estructurales profundos: diversificación productiva, acceso equitativo a recursos, fortalecimiento de las instituciones locales y generación de capacidades para los pequeños productores.
Finalmente, las políticas Neoliberales de los años ochenta promovieron la apertura comercial y la reducción del papel del Estado. En teoría, el mercado asignaría recursos eficientemente, pero en contextos con profundas desigualdades, como el caso de la República Dominicana, los resultados fueron limitados: los pequeños agricultores quedaron vulnerables, mientras la migración hacia los centros urbanos se intensificó.
La historia económica dominicana refleja esta diversidad de enfoques. Durante el siglo XIX y buena parte del XX, el país vivió bajo un modelo agroexportador basado en azúcar, café, cacao y tabaco. La inversión estaba concentrada en mejorar la producción y la infraestructura portuaria, beneficiando principalmente a grandes productores. En la segunda mitad del siglo XX, la política keynesiana promovió obras de infraestructura rural, impulsando zonas agrícolas estratégicas, pero sin transformar las condiciones existentes del campo. En las últimas décadas, con la liberalización económica, la inversión privada ha aumentado, pero el apoyo estatal al pequeño agricultor ha disminuido, dejando a muchas comunidades rurales en situación de vulnerabilidad.
Hoy, aunque la República Dominicana presenta cifras de crecimiento económico positivas, la realidad rural sigue siendo desigual. Las zonas campesinas concentran los mayores índices de pobreza, carecen de infraestructura básica, presentan bajos niveles educativos y tienen acceso limitado a crédito y tecnología. Este abandono estructural impulsa la migración urbana, generando problemas de congestión, informalidad y presión sobre los servicios públicos en las ciudades.
Invertir en el campo no es un acto de caridad ni nostalgia del pasado; es una apuesta estratégica por el futuro del país. La inversión rural adecuada significa garantizar seguridad alimentaria, promover sostenibilidad ambiental y fortalecer la cohesión territorial. Ejemplos recientes en la República Dominicana muestran que es posible avanzar: las cooperativas agrícolas permiten que pequeños productores accedan a mercados más competitivos; el turismo rural genera ingresos diversificados; y los proyectos de energía renovable y agricultura resiliente ofrecen soluciones sostenibles ante el cambio climático.
El desafío es construir un modelo mixto de desarrollo rural, donde el Estado actúe como facilitador y regulador, el sector privado aporte innovación y eficiencia, y las comunidades rurales se conviertan en protagonistas de su propio desarrollo. Esto implica políticas coherentes y sostenidas en el tiempo, articulando crédito, asistencia técnica, infraestructura, educación y apoyo a la innovación tecnológica. Solo así la inversión rural podrá convertirse en una alternativa real a la migración urbana y en un motor de desarrollo económico y social.
La experiencia dominicana y la de América Latina en general demuestra que ni el libre mercado ni la intervención estatal por sí solos garantizan desarrollo rural inclusivo. Apostar por el campo no es solo invertir en producción agrícola; es invertir en equidad, sostenibilidad y bienestar humano. Si queremos un país más equilibrado y resiliente, debemos mirar hacia el campo con la misma ambición que miramos hacia la ciudad.
