Por Liza María Martínez
Hay noticias que uno quisiera no tener que leer. Historias que duelen, indignan y, sobre todo, obligan a preguntarnos en qué momento hemos fallado como sociedad. Los recientes casos de violencia sexual contra menores de edad, en los que los presuntos agresores forman parte del entorno familiar, vuelven a poner sobre la mesa una realidad que no podemos seguir ignorando: para muchos niños, el peligro no está afuera, sino dentro de sus propios hogares.
Y hay algo todavía más desgarrador que la agresión: el silencio de quienes saben lo que ocurre y deciden proteger al agresor.
Familias que prefieren evitar un escándalo, conservar las apariencias o defender a un pariente antes que escuchar a un niño que está pidiendo ayuda.
¿En qué momento la sangre comenzó a valer más que la integridad de un menor?
Un niño no tiene las herramientas para enfrentarse a los adultos de los que depende. Muchas veces tampoco sabe cómo explicar lo que está viviendo. Por eso, cuando se atreve a hablar, lo mínimo que merece es que le crean, que lo escuchen y que lo protejan.
No que lo cuestionen, lo intimiden o le hagan sentir que denunciar representa una traición a su familia.
Pero la responsabilidad no termina en quienes encubren. También debemos preguntarnos qué está haciendo el Estado para garantizar que esos niños tengan una salida real. Porque retirar a un menor de un entorno donde está en peligro es apenas el primer paso.
¿Dónde vivirá? ¿Podrá continuar estudiando? ¿Recibirá atención psicológica? ¿Tendrá un espacio seguro donde recuperarse sin que su educación, su estabilidad y su futuro queden comprometidos?
No basta con disponer de instituciones, hogares de paso o programas de protección en el papel. Necesitamos suficientes centros especializados, personal capacitado y condiciones dignas para recibir a niños víctimas de violencia sexual.
La protección no puede convertirse en un nuevo desarraigo, en la pérdida de sus hermanos, su escuela y todo lo que conocen, sin que exista una alternativa que les garantice estabilidad.
Tampoco podemos esperar a que una denuncia se convierta en noticia, a que aparezca un video o a que una tragedia conmocione al país para preguntarnos dónde estaban las autoridades. La protección infantil debe ser permanente, no una respuesta de emergencia cuando el caso se hace público.
Hay que decirlo con claridad, proteger a un familiar que ha abusado de un niño no es lealtad, es complicidad con el silencio. Y un Estado que no garantiza alternativas seguras para las víctimas termina dejando sobre sus hombros las consecuencias de una violencia que nunca provocaron.
Me preocupa pensar en los niños que hoy quizás siguen compartiendo techo con sus agresores, que tienen miedo de hablar o que, después de denunciar, no saben qué será de sus vidas.
Un niño que denuncia no debería tener que elegir entre seguir viviendo con su agresor o perder su hogar, su educación y su estabilidad. Debería tener la garantía de que alguien va a protegerlo.
Porque nuestros niños no necesitan solamente que condenemos a quienes les hacen daño. Necesitan adultos que los defiendan, familias que los crean y un Estado que no los abandone después de rescatarlos.



