@abrilpenaabreu
Lo ocurrido durante la marcha de la ANPA es sencillamente inaceptable. Más aún cuando era evidente que la inmensa mayoría de los manifestantes eran personas mayores. Ni siquiera habían iniciado realmente el recorrido cuando fueron dispersados con gases lacrimógenos y otros métodos de control de multitudes.
Resulta difícil justificar una respuesta de ese nivel frente a ciudadanos desarmados que, en ese momento, no representaban una amenaza inmediata para la integridad de nadie ni para el orden público. En un Estado democrático, el uso de la fuerza debe regirse por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Si esos principios no se respetan, la actuación de las autoridades pierde legitimidad.
Episodios como este dejan en una posición muy incómoda los esfuerzos del Gobierno por proyectar la imagen de una Policía Nacional más moderna, profesional, cercana a la ciudadanía y respetuosa de los derechos humanos. La modernización policial no puede medirse solo por nuevos equipos, uniformes o discursos institucionales; se demuestra, sobre todo, en la forma en que se manejan situaciones de tensión con ciudadanos que ejercen derechos constitucionales.
Si existían razones de seguridad o de orden público para intervenir, corresponde a las autoridades explicarlas con transparencia y demostrar que las medidas adoptadas fueron estrictamente necesarias y proporcionales. Esa rendición de cuentas es indispensable para preservar la confianza ciudadana.
Una democracia fuerte no teme a la protesta pacífica. La protege, la regula cuando es necesario y actúa con la mínima fuerza indispensable. Porque cuando la respuesta del Estado parece desproporcionada, el mensaje que recibe la ciudadanía es que ejercer un derecho puede convertirse en un riesgo.
