@abrilpenaabreu
La guerra en Medio Oriente aún no ha escalado a un conflicto regional abierto, pero sus efectos económicos ya se sienten en la República Dominicana. La reciente subida del petróleo obligó al Gobierno a destinar 1,190 millones de pesos en subsidios a los combustibles en una sola semana, una cifra que revela con crudeza la fragilidad energética del país.
El subsidio evita un golpe inmediato al bolsillo de los ciudadanos y contiene la inflación. Sin embargo, cada peso que se utiliza para sostener los precios de los combustibles es un peso que deja de invertirse en otras áreas del presupuesto nacional. En un contexto de tensión geopolítica prolongada, esta estrategia difícilmente puede mantenerse indefinidamente.
Nada indica que la crisis energética vaya a resolverse en cuestión de días. Los conflictos en el Golfo Pérsico suelen prolongarse y basta con la incertidumbre sobre el flujo del petróleo para mantener los precios elevados durante meses. Para una economía importadora de energía como la dominicana, esto implica presiones fiscales inevitables.
La historia económica del país demuestra que los shocks petroleros siempre terminan obligando ajustes. En otras épocas, el aumento del precio del azúcar o acuerdos como Petrocaribe permitieron amortiguar el impacto. Hoy esas válvulas de escape no existen.
La pregunta, entonces, no es si el subsidio a los combustibles presionará las finanzas públicas. Eso ya está ocurriendo. La verdadera interrogante es cuánto tiempo podrá sostenerse antes de que el país tenga que asumir el costo real de la energía en un mundo cada vez más inestable.
Porque cuando el petróleo se encarece, la factura siempre llega. Y en economías dependientes como la nuestra, suele llegar más temprano que tarde.
