Por Elvin Castillo
Durante los últimos cuarenta años, República Dominicana ha experimentado una transformación extraordinaria. Hemos celebrado elecciones periódicas, vivido alternancias políticas sin grandes rupturas institucionales, preservado la paz social y construido una economía que, con sus altas y sus bajas, ha crecido muy por encima del promedio regional. Somos, con sobradas razones, un referente de estabilidad democrática, política, social y económica en América Latina y el Caribe.
Negar estos avances sería tan irresponsable como pretender que todo marcha bien. Millones de dominicanos han salido de la pobreza, la clase media se ha expandido, las infraestructuras se han multiplicado y el país se ha convertido en un destino atractivo para la inversión y el turismo. Debemos sentirnos orgullosos de lo que hemos logrado como sociedad. Sin embargo, la estabilidad no es un regalo eterno ni una condición garantizada por nuestra geografía o por el carácter pacífico de nuestra gente; es una construcción colectiva que puede fortalecerse, debilitarse o perderse. Y esa es precisamente mi preocupación.
Si tuviera que ubicarme ideológicamente, lo haría en la centroderecha. Creo en la democracia, el capitalismo, la propiedad privada, el emprendimiento y la capacidad de las empresas para generar riqueza, empleos e impuestos. Tampoco hablo desde la teoría: soy empresario, creo en la iniciativa privada y conozco de primera mano los riesgos, sacrificios y responsabilidades que implica sostener un negocio. Pero el capitalismo en el que creo debe tener rostro humano.
La búsqueda de utilidades es legítima. Sin beneficios no hay empresas sostenibles ni empleos duraderos. Sin embargo, ninguna rentabilidad puede construirse indefinidamente sobre el deterioro de la vida de la gente, la captura de las instituciones o la conversión del Estado en una herramienta al servicio de sectores privilegiados. El empresariado ha contribuido enormemente al desarrollo nacional, pero también debe reconocer que la sociedad le ha proporcionado las condiciones para construir sus capitales: estabilidad, seguridad jurídica, incentivos fiscales e infraestructuras públicas. Por eso, la responsabilidad empresarial no puede limitarse a crear puestos de trabajo; debe traducirse en salarios dignos, competencia leal, respeto al consumidor y disposición a contribuir a una sociedad menos desigual. No se puede privatizar permanentemente la riqueza y socializar los costos.
El problema aparece cuando la voracidad de sectores económicos poderosos logra influir desproporcionadamente sobre las decisiones públicas, encontrando una clase política complaciente que termina postergando el cumplimiento del pacto social. Esta distorsión ha golpeado directamente los cuatro ejes estructurales que deberían sostener el desarrollo humano en nuestro país.
Lo vemos en la educación, donde a pesar de la conquista histórica del cuatro por ciento para el presupuesto, los recursos muchas veces terminan diluidos en contrataciones infladas y negocios privados, mientras nuestras aulas siguen rezagadas en calidad y nuestros niños no reciben el aprendizaje que necesitan para competir en el mundo moderno. Lo sufrimos en la seguridad social, un sistema que en el renglón salud prioriza las ganancias de las aseguradoras sobre el bienestar del paciente, obligando a las familias a pagar astronómicos copagos o a endeudarse ante una emergencia médica. En ese mismo sistema, la vertiente de las pensiones se ha convertido en un negocio financiero muy rentable para sus administradores, pero que condena al trabajador a la incertidumbre de llegar a la vejez con un retiro miserable que no cubre ni el costo de la canasta básica.
Lo padecemos en el sector eléctrico, un barril sin fondo de subsidios e intereses cruzados donde el ciudadano sufre apagones constantes y tarifas desproporcionadas, pagando la ineficiencia de un modelo diseñado para garantizar ingresos a generadores y contratistas privados antes que un servicio estable y accesible. Y lo comprobamos en la producción agropecuaria, donde el esfuerzo de nuestros campesinos se ve aplastado por cadenas de intermediación abusivas e importaciones autorizadas a destiempo que favorecen a grandes importadores, arruinando al productor nacional y encareciendo los alimentos en la mesa de la gente. El campo dominicano requiere reglas justas frente a la intermediación.
Hemos tenido crecimiento, pero no hemos logrado traducirlo equitativamente en desarrollo humano. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, República Dominicana figura en el grupo de desarrollo humano alto; sin embargo, al ajustar esa cifra por la desigualdad, nuestro índice cae más de un 18 %. Esa brecha explica por qué una economía admirada internacionalmente convive con familias angustiadas por el costo de la vida y la falta de garantías en sus derechos más fundamentales.
A quienes planteamos estas preocupaciones nos acusarán de socialistas o comunistas. Nada más alejado de la verdad. Pedir competencia, transparencia y responsabilidad social no es atacar el capitalismo: es defenderlo de quienes pueden destruirlo mediante sus propios excesos. No propongo menos empresas, sino mejores empresas; tampoco un Estado interventor, sino uno independiente y capaz de hacer cumplir reglas de juego iguales para todos. Un capitalismo sin competencia se convierte en privilegio, y un Estado sometido a intereses corporativos deja de representar a la ciudadanía.
Para corregir este rumbo necesitamos pasar de las reflexiones a las acciones con reformas estructurales muy claras. En primer lugar, la regulación del financiamiento político no puede seguir siendo un enunciado lírico. Se requiere la bancarización obligatoria de todo aporte privado, plataformas de auditoría en tiempo real supervisadas por la Junta Central Electoral y sanciones drásticas, como la inhabilitación política, para quienes superen los topes o recurran a fondos de origen opaco. Mientras el dinero determine quién llega al poder, determinará también para quién se gobierna.
Por otro lado, es urgente revisar el modelo de protección social y la equidad del gasto público. Debemos fiscalizar aquellas exenciones tributarias que ya cumplieron su ciclo histórico para redirigir esos recursos hacia la calidad de la educación y la salud, al tiempo que se combate el oligopolio en el sector eléctrico y la especulación en el mercado agroalimentario para aliviar la carga económica sobre las familias.
Esta desconexión institucional se refleja de forma directa en las urnas. La abstención electoral creciente no es mera indiferencia ciudadana; responde a una profunda desconfianza política agravada por una economía donde más de la mitad de la fuerza laboral sobrevive en la informalidad. Cuando el ciudadano siente que el Estado no resuelve sus necesidades ni le ofrece garantías, el voto pierde su sentido transformador y la democracia se vacía por dentro. Es en ese terreno fértil donde germinan los fenómenos antisistema, los outsiders y los discursos extremistas que prometen destruirlo todo sin tener la capacidad de construir nada mejor.
Estas cifras y llamados de atención no son fríos análisis macroeconómicos: se traducen en la realidad cotidiana de nuestras familias y en el país que heredarán nuestras próximas generaciones. Esta no es una profecía de desastre, sino una advertencia nacida del profundo compromiso que tengo con República Dominicana. Quiero que mis hijas, hoy de nueve y seis años, puedan crecer y construir su futuro aquí; que quienes han trabajado toda su vida gocen de una vejez digna, y que ningún hogar quede en la quiebra por una emergencia médica.
Nada de esto es excesivo, ni constituye populismo ni radicalismo ideológico. Es la promesa mínima de un Estado social y democrático de derecho. No quiero que el país cambie de modelo; quiero que el modelo cumpla su promesa.
Proteger lo que hemos construido en estas cuatro décadas exige comprender que la estabilidad no se preserva defendiendo privilegios o silenciando críticas, sino distribuyendo oportunidades y fortaleciendo las instituciones. Todavía estamos a tiempo, pero no podemos seguir actuando como si el tiempo fuera infinito.
