Mientras estudiaba la carrera de Derecho (años 2001-2005), en uno de esos debates jurídicos nos preguntábamos por qué en la República Dominicana no se realizan los juicios con jurados. Era un debate interesante, puesto que dicha figura jurídica se encontraba instaurada en el sistema inquisitivo a través de los códigos napoleónicos que habían sido adoptados por nuestro país. Posteriormente, en nuestro tránsito al sistema adversarial también volvimos a ver la figura del juicio con jurados.
Lo extraño del asunto nos llevó a escudriñar el origen de esta ausencia. Descubrimos que muchas figuras jurídicas no fueron adoptadas por la República Dominicana, ni en el sistema inquisitivo ni en el adversarial, por razones neta y principalmente económicas. Es decir, de ambos modelos de justicia hay figuras jurídicas que el país no adoptó por la imposibilidad de cubrir los gastos económicos que estas conllevan.
Un análisis similar me llega a la memoria ahora que se escucha con revuelo noticioso el ancestral colapso de la justicia penal dominicana. Cada grupo plantea razones y culpables del cacareado colapso que lleva más de 10 años de debate y negación. Algunos señalan el presupuesto (otra vez lo económico), la prisión preventiva, la mora judicial, los fiscales, los jueces, los abogados, entre otros. Sin embargo, en esta ocasión, en virtud de la función social del abogado, nos sentimos en el deber de exponer una propuesta a los fines de contribuir a solucionar el colapso del sistema de justicia penal.
Nuestra propuesta es la eliminación de la audiencia preliminar.
Como dijimos anteriormente, varias figuras jurídicas importantes fueron excluidas por la República Dominicana en la adopción de cualquiera de los sistemas de derecho antes mencionados bajo argumentos estrictamente económicos; es decir, por la inexistencia de fondos suficientes para la implementación de tales figuras jurídicas.
Si nos fijamos bien, en el bloque de la constitucionalidad se exige un debido proceso matizado por la presencia del derecho de defensa, el juez natural, el derecho a recurrir, el derecho a ser oído, a conocer la acusación y a un juicio justo, entre otros. No se requiere necesariamente una audiencia preliminar.
Por enésima vez vuelve a resonar el colapso de la justicia penal dominicana. Por eso, si se elimina la audiencia preliminar no solo quedarían disponibles más de 100 jueces de la instrucción para dedicarlos a la creación de más tribunales de juicio de fondo, sino que obtendríamos aquella celeridad procesal derivada del mandato constitucional como garantía procesal y, en consecuencia, la eliminación de trámites que tienden a dilatar el proceso penal.
Igualmente, la innecesaria celebración de la audiencia preliminar se evidencia aún más cuando observamos que más del 97 % de las acusaciones son acogidas y, por ende, se ordena la celebración del juicio de fondo. Es decir, en casi todos los casos las acusaciones terminan abriendo un juicio de fondo.
Ante esto decimos que, al eliminar la audiencia preliminar, se proyecta una reducción del tiempo de duración del proceso de aproximadamente un año. Por ende, sin la audiencia preliminar el proceso penal se reduciría a cuatro fases básicas: fase inicial (medidas de coerción, investigación y revisiones), fase de juicio de fondo, fase de los recursos y ejecución de la sentencia.
La audiencia preliminar no es una figura jurídica obligatoria por mandato constitucional ni supralegal. De hecho, no existe en otras ramas del derecho dominicano. Su ausencia no afecta ningún derecho y la no realización de esta audiencia no altera el debido proceso de ley.
Con la eliminación de la audiencia preliminar no solo se ahorraría tiempo en la duración del proceso, sino también recursos humanos. Asimismo, se reducirían gastos económicos, que fue precisamente el principal argumento para la no incorporación de otras múltiples figuras jurídicas tanto del sistema inquisitivo como del adversarial por los que ha transitado la República Dominicana.
Actualmente, dentro de este colapsado sistema penal, resulta más conveniente que la audiencia preliminar sea expulsada del sistema de justicia dominicano. No es la única solución, pero es por donde iniciaría para contribuir a solucionar dicho colapso.
Atentamente,
Lic. Eduardo Grimaldi Ruiz, M. A.
Sobre el Grimaldi
Lic. Eduardo Grimaldi Ruiz Artsen, M.A.
Abogado egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en el año 2005.
Egresado de la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) como Defensor Público en el año 2007.
Defensor Público en el período 2007-2012 en la ciudad de Santiago de los Caballeros.
Realizó maestría en Ciencias Penales de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), recinto Santiago de los Caballeros, en el período 2010-2012.
Ex juez interino en el Juzgado de Paz Municipal de Santiago y del Juzgado de Paz Ordinario de la 1era. Circunscripción de Santiago de los Caballeros en el período julio a septiembre del año 2013.
Ex facilitador de la Universidad Abierta para Adultos (UAPA), recinto Santiago de los Caballeros, en el año 2013.
Ex facilitador de la Universidad de la Tercera Edad (UTE), recinto Santiago de los Caballeros, desde el año 2015 hasta el año 2019.
Articulista del periódico digital “Pinceladas Globales”.
Abogado litigante.
Especialista en Derecho Procesal Penal y en procesos de Lavado de Activos.
Fundador de la oficina de abogados «Grimaldi Ruiz» -Abogados Asesores Asociados- en la ciudad de Santiago de los Caballeros.
Realizó maestría en Antilavado de Activos y Extinción de Dominio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), recinto sede central del Distrito Nacional, en el período 2024-2025, pendiente presentación de tésis.
Ha participado en estancias académicas y diplomados internacionales sobre Extinción de Dominio en la UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA
Ha participado en diplomados internacionales sobre interrogatorios y contrainterrogatorios en la UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA DE PUERTO RICO.
Ha participado en diversos talleres, seminarios, cursos, diplomados, congresos, conferencias de la ENJ, UASD, CARD, PUCMM, UTE, UAPA, ETC. EN PROCESAL PENAL, PENAL, TRÁNSITO, PROCESAL CONSTITUCIONAL, ACCIÓN DE AMPARO, DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DDHH.
Ha impartido diversos cursos, diplomados, congresos, conferencias de diversas instituciones académicas donde destacan: el CARD, la UTE, UAPA y otras entidades sobre diversos temas de derecho donde destacan: EL PROCESO PENAL, TRÁNSITO, EL JUICIO DE FONDO, LA AUDIENCIA PRELIMINAR, LOS RECURSOS, LOS DELITOS DE CHEQUES, entre otros.
