@abrilpenaabreu
El empresariado, para variar, vuelve a salir con la suya. Santo y limosna incluidos. Incluso cuando el cuchillo cae sobre uno de los suyos, el tratamiento no es el mismo para todos.
En el caso SENASA, a Santiago Hazim —cuya génesis es claramente empresarial, aunque hoy tenga sombrero político— se le impusieron 18 meses de prisión preventiva. En contraste, a Read se le concedió prisión domiciliaria. Ambos casos giran en torno a corrupción, ambos involucran recursos públicos, y ninguno representa un peligro real de fuga. Sin embargo, el rasero fue distinto.
Ahí es donde el discurso oficial empieza a hacer agua.
En la mayoría de los grandes procesos por corrupción que se han conocido en el país, la Fiscalía ha mostrado una tendencia reiterada a aplicar criterios de oportunidad, acuerdos y medidas que suavizan el golpe para determinados actores. El mensaje que se envía es claro: no todos los imputados pesan lo mismo ante la ley.
La corrupción no se va a acabar. No solo porque el ser humano tiende a buscar atajos y mangos bajitos, sino porque el sistema ha decidido convivir con ella de manera selectiva. Se construyen culpables funcionales y se protegen estructuras completas.
Tan responsable es el que se deja corromper como el corruptor. Read no es ningún santo ni actuó obligado, por más que ahora —por H o por R— se intente matizar su rol. Aquí no hay mártires, hay responsabilidades.
El día que empiecen a caer con regularidad los miembros del verdadero poder económico, ese día comenzará a reducirse la corrupción. Y el día que no solo caigan los jefes, sino también los técnicos, asesores, directores medios y operadores que hacen posible el entramado, entonces la lucha contra la corrupción dejará de ser un espectáculo.
Hasta entonces, seguirá siendo una puesta en escena cuidadosamente diseñada para engañar a los pendejos.
